Este grupo de excombatientes se encontraban establecidos en el antiguo Etcr de la vereda Caño Indio en Tibú.

La atención extramural permitió multiplicar los servicios de salud en las comunidades vulnerables.

La compañía de aseo y empresas de telefonía celular, entre otros, le abrieron las puertas al programa.

Los primeros defensores de los derechos humanos en el país denunciaron los peligros a los que están expuestos, y según Fenalper alrededor de 110 personeros están amenazados.

Más de 1.000 personas han caído en la red de estafadores que opera desde Santa Marta.

Iris Marín presentó balance tras más de 100 días de escalada violenta en la región.

El jerarca de la Iglesia Católica llamó a los violentos a sus acciones y “abran sus corazones a Dios para construir la paz”.

El traslado se da para proteger la vida de los excombatientes.

Líderes y dirigentes de Norte de Santander consideran inoportuna esta decisión del Gobierno Nacional.

Varios concejales manifestaron inquietudes durante la sesión, señalando falencias en el manejo de documentos clave sobre la gestión de residuos solidos y contratos de energía.