Aunque en Colombia el marco jurídico que reconoce a los animales como seres sintientes, se ha venido fortaleciendo, se siguen presentando dificultades a la hora de investigar casos de maltrato animal y las sanciones de los mismos.

Una de las principales barreras es que la mayoría de estas conductas ocurren en recintos privados, como casas, fincas o empresas, lo que afecta su detección y el proceder de las autoridades para ubicar a los responsables y obtener material probatorio.

La protección jurídica de los animales se sustenta principalmente en la Ley 1774 de 2016 que reconoció a los animales como seres sintientes, estableciendo obligaciones para protegerlos de tratos crueles o degradante y la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), la cual fortaleció el marco legal.

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No obstante, existen otros retos en el sistema de justicia colombiano como el hacinamiento, lo que dificulta la imposición de penas privativas de la libertad a los que se ven inmersos en estas conductas.

De igual manera, la cultura es otro desafío que agrava la situación. Para  Francisco Javier Lara Sabogal, docente de Posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria, “aunque desde 2016 los animales son reconocidos legalmente como seres sintientes, todavía persisten sectores de la sociedad que no les otorgan ese mismo estatus, lo que dificulta la aplicación efectiva de las normas de protección animal”.

Aunque existen avances y una mayor conciencia social, el desafío se mantiene, la aplicación efectiva de las normas y construir una cultura de respeto hacia los animales.

“El desafío ya no se limita a fortalecer la legislación, sino a garantizar su aplicación efectiva y promover una mayor conciencia social sobre la protección y el bienestar animal”, expresó Lara.

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