Tras desarrollarse la segunda vuelta presidencial el pasado 21 de junio, donde el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, perdió con el abogado y aspirante de la oposición, Abelardo de la Espriella, las entidades del Estado aprovecharon el levantamiento de la Ley de Garantías para firmar un total de 43.092 contratos.

Así lo reveló un informe de la corporación Transparencia por Colombia, que revisó la información registrada en las plataformas SECOP I y SECOP II, donde se consolidan los detalles de la contratación pública.

De acuerdo con este informe, entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026 se firmaron contratos cuyo valor aproximado es de 7,6 billones de pesos. De ese total, las entidades del Gobierno Nacional suscribieron 6.717 contratos por un valor de 3,4 billones de pesos, lo que equivale al 45% del valor total contratado en esas tres semanas.

Lo preocupante de los contratos firmados por el gobierno de Gustavo Petro, según la corporación, es que el 66 %, es decir, 2 de cada 3 contratos, se hicieron de forma directa, algo que incrementa los riesgos de corrupción al reducir la competencia y permitir una mayor discrecionalidad en la toma de decisiones.

Asimismo, dentro de esa contratación directa, el tipo de vínculo más frecuente fue el de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (PSAG), que representó el 96% de todos los contratos directos.

Las entidades del Estado que más contrataron luego de la segunda vuelta presidencial

La corporación destaca en su informe las entidades nacionales que más aprovecharon el levantamiento de restricciones para contratar fueron las entidades descentralizadas, siendo las más activas el Sena, el ICBF y el Dane.

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Esta última, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, lidera la lista junto a la Agencia Nacional de Tierras como las entidades con mayor número de contratación directa. Entre las dos suman 2.362 contratos.

En cuanto a los valores, sobresale el Instituto Nacional de Vías (Invías) ya que concentra 11 de los 15 contratos de mayor valor suscritos en este periodo, la mayoría destinados al programa “Vías para la Paz”.

Los 11 contratos de este programa firmados entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026 ascienden a un valor superior de 2,1 billones de pesos, siendo el más alto el de la Variante Oriental de Chachagüí con un monto de 650.000 millones de pesos.

Este programa en especial tiene alertas, ya que, si bien la mayoría de estos contratos se adjudicaron mediante licitación pública u obra pública, hay una sospechosa celeridad y acumulación de firmas, algo que para la corporación obliga a un seguimiento detallado por parte de los órganos de control.

Otras alertas detectadas en los contratos del Estado entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026

En el informe hay varias alertas que se hacen respecto a la forma como el Estado estableció estos vínculos como el uso de modalidades no competitivas en contratos de alto valor.

Respecto a esa alerta, en el sondeo se reitera que si bien los 15 contratos más grandes se adjudicaron por licitación, cuatro de ellos se realizaron mediante modalidades que no requieren procesos de competencia abierta.

Dos de ellos están vinculados al Ministerio del Interior, liderado por Armando Benedetti. Esta cartera firmó dos contratos por contratación directa con la empresa Newsat S.A.S. por valores de 54.443 millones y 33.736 millones de pesos para tecnología de navegación aérea y comunicaciones. También, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares suscribió dos contratos bajo régimen especial por 82.500 millones y 73.731 millones de pesos a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.

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Un punto especial detectado en esa revisión es que se contrataron 124.147 millones de pesos bajo la causal de que no existen más posibles oferentes en el mercado ya que esta es, advirtió Transparencia por Colombia, una excepción a los mecanismos competitivos que solo debería aplicarse en casos muy específicos.

La Agencia Nacional de Tierras, el caso más preocupante de contratación luego de la segunda vuelta

Si bien, como se comentó anteriormente el caso de Invías genera preocupación por la concentración en los montos de los contratos, representando el 71 % de lo contratado por el Ejecutivo en este período, la ANT genera inquietud dentro del informe por la posible dependencia estructural y riesgos en la gestión del talento humano.

La agencia ocupa el primer lugar en contratación directa con 1.238 contratos, pero la información de las plataformas de vinculación pública evidencian que mientras la entidad tiene una planta de solo 216 servidores públicos, contrató a 6.276 personas por prestación de servicios entre enero y junio.

Además, el informe revela que esta modalidad se usó para re-vincular a personas que ya habían sido contratadas en enero, lo que sugiere que se están cubriendo necesidades institucionales recurrentes con contratos temporales en lugar de empleos formales.

Por eso, la corporación le hizo un llamado al gobierno saliente para que garantice que los contratos firmados en el cierre de la gestión respondan a necesidades planificadas y justificadas, alineadas con el interés general y asimismo, evite comprometer innecesariamente la capacidad de gestión o la sostenibilidad fiscal del gobierno sucesor.

También le hizo una petición al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para que revise los compromisos contractuales adquiridos durante la transición para asegurar su viabilidad financiera y fortalezca la planeación para privilegiar mecanismos de selección competitivos (como licitaciones) sobre la contratación directa.

Otro de los llamados es a implementar una estrategia para disminuir la dependencia de los contratos de prestación de servicios (PSAG) en funciones que son permanentes, promoviendo la formalización del empleo público e impulsar el uso efectivo de sistemas de información como SECOP II y su interoperabilidad con otras bases de datos estatales.

Tomado de El Colombiano.

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