La ministra de Educación, Viviane Morales, respondió a las críticas que generó el borrador de decreto que permitiría a privados y organizaciones religiosas administrar y operar colegios y escuelas públicas hasta por 12 años.
La nueva normativa contempla, entre otras medidas, que particulares y organizaciones religiosas puedan asumir la administración y operación de instituciones educativas oficiales.
Distintas organizaciones del sector y actores políticos cuestionaron el proyecto, al considerar que plantea una reforma de fondo al sector educativo y a la forma en que se administran los colegios públicos.
Ante las críticas, la jefa de la cartera de Educación aseguró que buena parte de los cambios contemplados en el borrador ya están incorporados en la normativa vigente. Además, señaló que aspectos como la colaboración de las iglesias con el sector educativo han sido avalados por la Corte Constitucional.
Lea aquí: Tras dos meses cerrado por los terremotos, el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, reanudará vuelos el 1 de septiembre
“El proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Educación reproduce algo vigente desde hace más de treinta años: los contratos para el desarrollo de estrategias pedagógicas con iglesias o confesiones religiosas están contemplados en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y reglamentados en el artículo 2.3.1.3.1.6 del Decreto 1851 de 2015”, aseguró la ministra.
“Y sí, la Corte Constitucional ha declarado constitucional este tipo de colaboración con las iglesias y confesiones religiosas. Nada de decretazo”, añadió la funcionaria en sus redes sociales.
El pronunciamiento de la ministra se produjo en respuesta a una publicación de Fecode, que cuestionó el proyecto y aseguró que el Gobierno pretende eliminar la separación entre Iglesia y Estado en el sector educativo mediante un “decretazo”.
“Por años, el país dio una fuerte lucha por la correcta separación de Iglesia y Estado, en particular, contra el absoluto control eclesiástico de la educación. Hoy, esa lucha histórica podría borrarse con un solo ‘decretazo’”, afirmó Fecode, que convocó a un “gran frente unido” contra la reforma al Decreto 1075 propuesta por el Ministerio de Educación.