El rechazo a la reforma tributaria o ley de salvamento del gobierno de Abelardo De La Espriella es otro de los motivos con los cuales el Pacto Histórico, la principal fuerza de oposición en el país, es otro de los motivos con los cuales están convocando al primer paro nacional contra el actual mandatario.

La jornada de protesta es convocada por las principales centrales obreras del país, como también por los partidos que son contrarios a De La Espriella, reclamando además del tema económico, las fallas en la atención de los damnificados por el terremoto y la situación de orden público.

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Los congresistas del petrismo, en una rueda de prensa, sostuvieron que la reforma es “contra las familias más pobres, los sectores populares y la clase trabajadora del país. La Reforma Tributaria que intentó colocar impuestos a la comida y quitarle recursos a la inversión social, ya la tumbamos una vez, y lo volveremos a hacer las veces que sea. La Reforma Tributaria del gobierno De La Espriella es una copia aún más perversa de la Reforma Tributaria de Duque – Carrasquilla”.

El Pacto considera que ambas reformas coinciden en imponer IVA total a varios alimentos de la canasta familiar, aunque precisan que esta propuesta “es peor: Mientras Carrasquilla aumentaba el IVA del 0 % al 19 % en 5 grupos de productos, De La Espriella lo hace en 8. Además, en el subidón del 5 % al 19 %, Carrasquilla tocaba 20 categorías y De La Espriella llega a 80. Ni siquiera Carrasquilla se atrevió a meterle IVA al café”.

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Plantean además que el recaudo se concentra en la clase media, en especial a los que ganan menos de $5 millones al mes mientras le baja impuestos a los más ricos del país. “De La Espriella plantea que cerca de 3 millones de personas que hoy no pagan impuesto de renta, empiecen a hacerlo, pero por otro lado, le quita impuestos a 15 mil personas ricas del país. Mientras hoy tributan alrededor de 32 mil personas el impuesto al patrimonio (0,5 % de las personas que declaran renta - 0,06 % del total de la población), De La Espriella le quita el impuesto al patrimonio a 15 mil personas ricas del país y ahora sólo 17 mil personas terminarían pagando este impuesto (0,27 % de las personas que declaran renta - 0,03 % del total de la población)”, destacaron en una declaración.

Incluso comparan que el RUGE (Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial) que se plantea en la reforma, es la adaptación del RIGI argentino del presidente Javier Milei, “creando gabelas tributarias de largo tiempo a megaproyectos de inversión sin compromisos de generación de empleo y con poco encadenamiento productivo nacional. En Argentina, a la fecha más del 95 % de los proyectos y montos son minería e hidrocarburos, por lo que se entiende aún más todo el ataque a la protección ambiental que han hecho en Colombia”.

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El petrismo igualmente señaló que con la reforma tributaria crece el desempleo y la inflación, porque la economía se estanca, “con la Reforma Tributaria la inflación puede llegar a 7,67 % y la inflación de alimentos a 13,29 %. Por su parte, la tasa de desocupación que el gobierno de Gustavo Petro logró llevar y sostener en 1 dígito, según proyecciones, con la Reforma Tributaria la tasa de desocupación llegaría a 10,11 % a los 32 meses de implementada sacrificando cerca de medio millón de puestos de trabajo, personas que arrojaría a la pobreza por ingresos”, señalaron.

Igualmente, plantean, que la reforma tributaria “sacrifica el crecimiento del país, sin reforma el gobierno De La Espriella proyectaba crecer 1,8 % en 2027 y con reforma, según nuestros análisis y proyecciones, creceremos 0,13%, y para 2028 se proyecta crecer 2,8 % sin reforma y con reforma apenas 1,7 %. Alertamos al país que más allá de la Reforma Tributaria, el gobierno De La Espriella pretende, sin suficiente deliberación pública, privatizar empresas públicas fundamentales para la seguridad y soberanía nacional energética, alimentaria y comercial, como Ecopetrol y electrificadoras territoriales como ISA, así como desmontar entidades, políticas y programas esenciales para la garantía de derechos constitucionales. Advertimos riesgos para el empleo y los servicios públicos si las restricciones al gasto, la reducción de personal o los cambios en la contratación disminuyen la capacidad de hospitales, colegios, entidades territoriales y programas sociales para atender a la población”.

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