La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, ordenada mediante el Decreto 626 de 2026 tras el vencimiento del plazo fijado por la Corte Constitucional, encendió las alertas de la Defensoría del Pueblo. El organismo advirtió que el traslado de las políticas de la extinta cartera al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), bajo el criterio de "costo cero", genera incertidumbre y podría desarticular años de avances en la garantía de los derechos de poblaciones vulnerables.
La Defensoría señaló que la transición carece de garantías claras sobre capacidades técnicas, presupuesto y mecanismos de coordinación institucional. Entre los principales riesgos identificó la interrupción de programas estratégicos como el Fondo "No es Hora de Callar", el Fondo "Todos Somos PAZcífico" y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial.
Asimismo, advirtió que podría verse afectada la implementación de los documentos Conpes 4080 de 2022, 4143 de 2025 y 4147 de 2025, relacionados con la equidad de género, el sistema de cuidado y la garantía de derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (Osignh).
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El organismo expresó especial preocupación por el futuro del Viceministerio de las Mujeres, ya que sus funciones de prevención, atención, sanción y reparación de las violencias basadas en género aún no tienen una entidad competente claramente definida.
Además, alertó que equipos técnicos especializados, sistemas de seguimiento y espacios de interlocución con organizaciones sociales podrían quedar en un "limbo institucional", debilitando la protección de los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, las juventudes, la población migrante, las comunidades campesinas y los pueblos étnicos.
La advertencia de la Defensoría se suma al llamado del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la OEA, que instó al Estado colombiano a garantizar la continuidad de la institucionalidad de género y recordó que el principio de progresividad y no regresividad obliga a preservar los avances alcanzados en los derechos de las mujeres.
En ese contexto, la entidad defensora de los derechos humanos pidió al Gobierno adoptar con urgencia una ruta integral de transición que defina qué funciones serán trasladadas, a qué entidades, con qué respaldo presupuestal y cómo se garantizará la continuidad de los programas y de los espacios de participación social.
También solicitó que los ministerios del Interior y de Hacienda, así como el Departamento para la Prosperidad Social, implementen medidas que eviten retrocesos en la protección de derechos y aseguren que las políticas de igualdad no pierdan prioridad política, técnica ni presupuestal.
Finalmente, la Defensoría subrayó que una transición institucional ordenada será clave para garantizar un adecuado empalme con el nuevo Gobierno, preservar las capacidades técnicas acumuladas y mantener los equipos especializados encargados de enfrentar las desigualdades estructurales y las violencias basadas en género y prejuicio.
