Con varios lineamientos en torno al manejo de las entidades promotoras de Salud (EPS) y hasta del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se llevó a cabo la visita del presidente, Abelardo de la Espriella, al Ministerio de Salud.
Acompañado por la jefa de esa cartera, Ana María Vesga, el mandatario aseguró que el Gobierno tomará una postura totalmente distinta a la ordenada por el expresidente Gustavo Petro, quien calificó a las EPS como "enemigas".
En sus declaraciones, De la Espriella señaló que "las EPS no son enemigas", pero "las malas EPS no son intocables", al advertir que el Ejecutivo no tendrá sesgos ideológicos para el manejo del sector salud por el hecho de ser privadas.
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Según explicó, el gremio de la salud siempre tendrá en el Gobierno un interlocutor que se evaluará mediante rigor técnico que "el que esté haciendo las cosas mal tiene que recibir la sanción que corresponde".
El mandatario calificó las acciones que se hicieron contra la salud y contra las EPS en el anterior gobierno como una “práctica gestapo”, al comparar el autoritarismo llevado a cabo por la policía secreta de la Alemania nazi de Hitler, con la práctica de “perseguir EPS sin ningún rigor técnico”.
Frente al tema de las intervenciones, el mandatario afirmó que es una “herramienta excepcional para proteger a los pacientes”, por lo que anunció la puesta en marcha de un plan de choque para la estabilización financiera del sistema y teniendo claras las deudas de cada EPS.
Durante la visita realizada este martes, también se refirió a la necesidad de revisar el aumento de la UPC, que corresponde al valor fijo que reconoce el Estado a las empresas de salud por cada persona afiliada.
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Esto porque, según de la Espriella, la UPC se ha utilizado como herramienta política para generar enfrentamientos entre las EPS y el Gobierno anterior, por lo que le ordenó a la Ministra buscar estos cambios a este valor que tantos cuestionamientos ha generado.
"La UPC es uno de los asuntos que debemos devolver al terreno estrictamente técnico. Su valor no puede definirse con criterios políticos ni utilizarse como argumento ideológico en las discusiones entre el Gobierno y las EPS. El Gobierno tiene que saber, con información seria y verificable, cuánto cuesta atender bien a un compatriota y asignar los recursos con fundamento en esa realidad”, afirmó el presidente.
Citando el fallo de la Corte Constitucional, que cuestionó la deficiencia en torno a los argumentos técnicos para decretar el pago de UPC para el 2026, aseguró que durante su mandato se garantizará que este cálculo sea “transparente, confiable y técnicamente sustentado”.
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