El presidente Abelardo de la Espriella confirmó este viernes 11 de septiembre, que ya firmó todas las resoluciones que culminaron en su totalidad con el desmonte de la paz total del gobierno Petro.
Calificándola como 'la falsa paz', cuestionó el manejo de esta política de negociación con diversos grupos criminales para alcanzar la paz en Colombia.
"En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios socio jurídicos heredados del gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas”, señaló el presidente.
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En su mensaje no solo criticó la falta de resultados y de acciones verificables de esta política, sino que además afirmó que el gobierno anterior tuvo un descontrolado gasto de recursos para pagar honorarios de voceros, representantes y negociadores "mientras las organizaciones criminales se fortalecían, desafiaban al Estado y seguían golpeando a los colombianos y a nuestra Fuerza Pública".
"Algunos de esos negociadores como Parmenio Cuéllar, Álvaro Jiménez Millán, Feliciano Valencia o Gloria Cecilia Quiceno les pagaron $7.000 millones de pesos por ayudar a una falsa paz que no trajo sino terrorismo, sangre y muerte", dijo.
Además, agregó que "todos los días" está encontrando "despilfarro, desgreño administrativo" del gobierno pasado, que está corrigiendo en su llegada como jefe de estado.
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El presidente ratificó su postura de que en su gobierno la única política de paz que llevará a cabo es la que se construye con seguridad, autoridad y justicia, no arrodillando al Estado ante los criminales.
“Eso se acabó. En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad. El mensaje es inequívoco: sometimiento a la justicia o enfrentar toda la fuerza legítima de la República”, sostuvo.
Las ultimas resoluciones que tumbaron la política de paz total fue el fin de los diálogos fallidos con el Eln, con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo y con la revocación de las designaciones que hizo el anterior gobierno a Vera Grabe, Iván Cepeda, María José Pizarro y otras figuras como representantes del gobierno Petro en los diálogos con el Eln y Clan del Golfo.
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Esta medida también abarca las mesas de negociación entabladas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes; la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano; y el frente Guerrillero Comuneros del Sur.
A estos se sumaron los cierres oficiales de conversación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, al igual que con las estructuras criminales operantes en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
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