Investigación de la Supersalud revela presuntas restricciones deliberadas en la entrega de medicamentos para presionar el pago de deudas de las EPS.

El ente de control puso la alerta en conocimiento de la Red Nacional de Controladores en Salud, con el objetivo de avanzar en las acciones necesarias para garantizar la entrega de medicamentos sin restricciones.

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“Tenemos graves alertas sobre gestores farmacéuticos que estarían cortando el suministro de medicamentos a los usuarios de manera deliberada para presionar el pago de deudas viejas que tienen las EPS con ellos. Esa información ya fue puesta en conocimiento de los organismos de control para que sea investigada”, señaló el superintendente delegado para Entidades Territoriales (e), Juan David Duque.

El funcionario aseguró que la investigación avanzará en manos de las autoridades competentes con el fin de establecer si existieron conductas irregulares. Las declaraciones de Duque surgieron durante una mesa de trabajo en la que participaron representantes de los organismos de control, las EPS y los diez principales gestores farmacéuticos del país.

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Durante el encuentro, fueron definidos tres compromisos para fortalecer la atención a los usuarios y que serán de seguimiento permanente por parte de la Red Nacional de Controladores en Salud.

El primero consiste en que las EPS y sus gestores farmacéuticos deberán presentar, en un plazo máximo de cinco días, un plan de choque para mejorar la atención en los puntos de dispensación de medicamentos, reducir los tiempos de espera, garantizar la entrega oportuna de los tratamientos

“No es presentable que a la gente no le entreguen los medicamentos, que además sean maltratados y que la atención se preste en lugares que ni siquiera cumplen las condiciones sanitarias”, aseguró el delegado.

Como segunda medida, las EPS revisarán el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de habilitación de los dispensarios con los que tienen contratados los servicios farmacéuticos.

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Y como tercer punto las EPS y los gestores farmacéuticos se comprometieron a eliminar cualquier barrera administrativa que afecte el acceso de los niños y niñas a los servicios de salud.

“No es aceptable, ni ética ni moralmente, que un niño pierda la vida por una barrera administrativa del sistema de salud. Hoy completamos 82 días sin que eso ocurra y debemos mantener ese compromiso para que ningún menor vea vulnerado su derecho a la atención en salud”, concluyó el funcionario

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