Son diversos los problemas acumulados en Colombia a lo largo de su historia, sin que se les haya buscado una solución efectiva ni se haya buscado evitar su repetición.
Los gobernantes de diferentes épocas, con excepciones reconocidas, no han puesto los empeños necesarios en la aplicación de correctivos sostenibles. Todo se ha quedado en paliativos que no alcanzan a tratar los males en la dimensión alcanzada. Es una especie de consentimiento del statu quo.
Acciones inocuas para preservar excepciones de privilegios entre unos pocos, lo cual equivale a mantener el sistema clasista que identifica a la sociedad. El rechazo a las propuestas de cambio siempre se ve atravesado por esa posibilidad.
Uno de los males predominantes en el país es la desigualdad. Está consolidada una sociedad clasista, excluyente, con predominio de la pobreza. Los recursos de utilidad común, cuya distribución debiera ser igualitaria para satisfacer las necesidades colectivas, en función del bienestar de todos, no tienen cabida. En tales condiciones se han formado brechas ostensibles que afectan en su conjunto a la comunidad de la nación. Ese distanciamiento genera diferencias abismales en las relaciones de la población. Las carencias de los más, frente a la abundancia de los menos, no dejan de generar resentimientos perturbadores.
Esa situación de clasismo tiene una de sus repercusiones en la propiedad de la tierra. Articulada con un feudalismo corrosivo, se ha convertido en un factor de violencia. Allí se alimenta, en buena parte, el conflicto armado que padece Colombia desde hace más de medio siglo, con una continuidad desastrosa.
El despojo impuesto a los campesinos que tenían legítima propiedad abrió paso al desplazamiento, muchas veces a sangre y fuego, seguido de una confrontación en caliente. Pero también abrió otro abismo: el narcotráfico se apropió de extensos latifundios, fomentó el cultivo de la coca y su producción se convirtió en una fuente de sustento para el paramilitarismo y otros grupos criminales articulados con la política y el poder.
Pero el tejido de la nación, con abundantes puntadas problemáticas, no se detiene ahí. A la violencia generaliza, con la complicidad de servidores del Estado y de sectores dirigentes adueñados del país le siguen las brechas configuradas en educación, salud, servicios públicos, centralismo gubernamental, con desatención estatal a regiones marginadas, subestimación de la protección ambiental, discriminación de género, abuso de poder y la protuberante corrupción incrustada en diferentes instancias.
Además, la entrega de la soberanía nacional a potencias extranjeras. Un servilismo que ha llegado a la entrega de recursos que debieran ser defendidos como bienes protegidos en función del bienestar de toda la población.
Frente a esa suma de adversidades han surgido movimientos que buscan poner a Colombia en un nuevo rumbo. No ha sido fácil, sin embargo, alcanzar las metas trazadas para enfrentar tantos males. Pero la tarea es un compromiso que debe persistir a fin de que el país supere ese entramado de crisis que tanto peso ha tenido en su desarrollo y que lo ha llevado a un debilitamiento inquietante de la democracia.
Hay que construir la paz y consolidar una sociedad que supere la exclusión.
Puntada
El Gobierno nacional parece estar por debajo de la magnitud de los problemas en Norte de Santander. Los 90 días que el presidente De la Espriella se trazó como meta para consolidar la paz ya se agotaron sin lograrlo.
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