Hace poco leí una conversación en X entre tres opinadores de la ciudad que (@juanpcohen, @StevenPerezL_ @yangorodriguezb) volvían sobre uno de los temas centrales de nuestro desarrollo, que lleva décadas sin resolverse y mientras pasa el tiempo más se agrava. Se trata del transporte público.

Tras la puesta en marcha de Transmilenio en Bogotá en 2000, muchas ciudades quisieron adoptar ese modelo que tiene algunos principios básicos que permiten ordenar mejor el transporte público. Quizá el más importante es que las flotas de buses no pueden tener incontables propietarios como en Cúcuta. Otro principio es que unas pocas empresas operadoras privadas, propietarias de las flotas de buses, deben emplear a los conductores para que no sean éstos mismos los que cobren el pasaje. El tercero es que debe crearse un ente público gestor del sistema, que en Bogotá es TransMilenio, que establezca reglas a los concesionarios operadores y se ocupe de crear y mantener la infraestructura concesionada, que comprende estaciones, vías, patios de estacionamiento, etc. Una cuarta regla es que debe existir un sistema de recaudo unificado que permita cobrar los pasajes utilizando medios modernos y cómodos de pago como las tarjetas.

Cuando supe del primer estudio en Cúcuta -recuerdo que lo hizo Cal y Mayor Consultores, una reconocida firma mexicana que por entonces hacía lo mismo en varias ciudades del país- pensé ingenuamente que la reforma del transporte público estaba a la vuelta de la esquina. Desde entonces han pasado dos largas décadas, y si nada se ha hecho no es porque el problema no sea uno de los más urgentes de Cúcuta, sino porque ningún alcalde ha querido asumir su complejidad administrativa. Todos han querido hacer pequeñas obras fáciles y de mayor rédito político a corto plazo.

Según el documento Conpes que regula esta política pública de desarrollo urbano, lo primero que debe hacerse es crearla nueva entidad pública o de economía mixta homóloga a TransMilenio para que con los recursos aportados por la Nación y por el Municipio sea la ejecutora de las obras públicas como vías, andenes, paraderos y patios.Después, esa misma entidad será la encargada de establecer las rutas y concesionar su operación a las empresas propietarias de los buses, concesionar el recaudo de los pasajes, y supervisar la operación del sistema. Además, habría que poner de acuerdo a todos los actores que intervienen en la caótica realidad que hoy tenemos: propietarios de empresas, propietarios de buses, conductores, transportadores informales, etc.

Además, el alcalde que asuma esta tarea debe comprometer buena parte de los recursos propios de la ciudad para honrar un costoso crédito a lo largo de varios años, y poner de acuerdo al concejo municipal, tanto en la creación del ente público o mixto gestor del nuevo sistema, como en la autorización de endeudamiento.Todo esto hay que hacerlo, bien sea que se opte por un sistema de transporte público grande o uno más ligero.

El alcalde entrante tiene varias razones para iniciar el proceso. Una es que, justo por encontrar muy reducida su capacidad de endeudamiento, mejor haría en utilizar la poca que le resta para negociar con la Nación condiciones muy especiales tanto de endeudamiento como de cofinanciación para sacar adelante una sola obra de gran repercusión. Si lo logra, el nuevo ente gestor tendría la posibilidad de ejecutar recursos acrecentados por un generoso margen de cofinanciación nacional.

Por lo pronto, es indispensable que nuestros congresistas, ahora que inicia la discusión de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, estén muy atentos a que Cúcuta se incorpore a las ciudades que tendrían parte en la bolsa que la Nación disponga para financiar los SITP o SETP durante el cuatrienio. En dos oportunidades hemos gozado de ese privilegio y lo hemos dejado pasar. Cuanto más se retrase esta decisión, más dinero perderá el conjunto de la ciudad por cuenta del tráfico desordenado, lento y contaminante.

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