El presidente Rafael Reyes desconfiaba de su vicepresidente, el general Ramón González Valencia. Sabía que era un militar prestigioso y muy popular en Santander, y temía que se repitiera lo que pasó el 31 de julio de 1900, cuando el vicepresidente Marroquín derrocó al ya mayor presidente Sanclemente.

Envió al Nuncio Apostólico, monseñor Francisco Ragonessi, a negociar en Duitama con el general González Valencia, acompañado de Luis Martínez Silva. La misión era convencer al General de renunciar.

La renuncia se firmó el 9 de marzo de 1905. Era, en rigor, un acto sin fundamento legal que, años después, Martínez Delgado describiría como una “manifestación impropiamente llamada renuncia”. La carta iba dirigida a la nación entera. Decía que renunciaba “en el mejor interés de la patria y por los altos ideales del partido, ante la nación que me honró y me confió este alto cargo, por las incompatibilidades entre el Presidente y el Vicepresidente”. Jamás mencionó el nombre de Reyes.

Seis días después, el 15 de marzo de 1905, se instaló la Asamblea Nacional. Se declaró a sí misma legislativa. Decidió que el Congreso, cuando existiera, se reuniría cada dos años. Los áulicos de siempre llegaron a pedir que la presidencia de Reyes fuera vitalicia y que su cuerpo, al morir, permaneciera en Palacio “para terror y espanto de sus enemigos y contrarios”.

Cuatro años después, Reyes había perdido el apoyo de conservadores y liberales. Los estudiantes tomaron las calles. El 9 de junio de 1909 renunció en secreto y huyó en un barco de carga desde Santa Marta hacia Europa. En el puerto de Gamarra se reunió con González Valencia. Le pidió que volviera a ser su vicepresidente. El General rechazó la oferta.

González Valencia se retiró a su hacienda de Iscalá, escondida en la neblina, en Norte de Santander. El hombre que había firmado el tratado de paz que puso fin a la Guerra de los Mil Días volvió al campo, convencido de que su paso por la política había terminado.

Fue el Congreso el que fue a buscarlo. El Congreso que Reyes había clausurado se reunió el 20 de julio de 1909 y el 3 de agosto lo eligió presidente, con 47 votos contra 31 de Marco Fidel Suárez. González Valencia salió de Iscalá y el 7 de agosto de 1909 tomó posesión ante el Congreso, mientras Reyes, su antecesor, estaba en Europa.

La transición careció de reconocimiento del saliente, de condecoraciones y de transmisión formal del mando. Tuvo lo esencial: un presidente que juró ante el Congreso, por Dios y por la Patria, cumplir la Constitución y la ley.

El artículo 192 de la Constitución de 1991, que proviene del texto de la Constitución de 1886, establece que el presidente toma posesión ante el Congreso. La legitimidad la otorga el Congreso como depositario de la representación popular. La posición de un presidente saliente que se niega a reconocer al entrante carece de implicación jurídica alguna. Es una opinión personal desafortunada. Solo eso.

El gobierno de González Valencia, que llegó sin faustos y con el presidente anterior fuera del país, reformó la Constitución, redujo el período presidencial de seis a cuatro años, estableció el voto popular directo para la elección del presidente, abolió la pena de muerte y creó el departamento de Norte de Santander.

El presidente que se negó a reconocer a su sucesor huyó hacia Europa. El que llegó desde una hacienda en Norte de Santander, al terminar su compromiso republicano regresó al campo, donde murió años después. Hoy su estatua muda, en el parque de Chinácota, ve pasar a miles de personas los fines de semana, que no son conscientes de la grandeza de un nortesantandereano que cambió la historia sin necesidad del reconocimiento de su antecesor.

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