En 1950, cuando el Cúcuta Deportivo comenzó a participar en el futbol profesional colombiano, el régimen legal de las marcas y patentes era diferente y muy subjetivo, casi que caprichoso, pero relativamente transparente. Vale decir que hace 76 años usamos esa marca “rojinegra”, todos los días, dos millones de habitantes del área metropolitana.
Resulta por lo menos absurda la noticia que nos informa de una sospechosa solicitud de desafiliación que hace un abogado “inhabilitado “de mala fe” a la SIC, a sabiendas de la mediación de un proceso de liquidación. Obrar así es como pellizcar un vidrio, no le alcanzan las uñas.
La marca “Cúcuta Deportivo” es propiedad del municipio en cabeza del Instituto Municipal del Deporte (IMRD), desde tiempos inmemoriales y la usamos cotidianamente los habitantes del área metropolitana.
Así que aquí Onán y sus debilidades no proceden, o el yo con yo, como dicen en San José de Suaita, por sustracción de materia.
Como el fútbol es pasional, hubo dirigentes que se empobrecían y perdían su patrimonio o lo descuidaban por sus fanatismos de hinchas fieles. Un pariente mío perdió aquí dos fincas en Puerto Nuevo y un latifundio en Arauquita.
En 1952, en manos de los hermanos Lara Hernández y su gerente el médico arboledano Luis (lucho) Figueredo Corrales, el Cúcuta se dio a conocer en Suramérica y Centroamérica, luego de ganar un torneo casero, en el estadio Atahualpa de Quito.
En 1964, Alfonso Senior propietario de la Dimayor y del “Millonarios fútbol club”, siendo gerente de nuestro glorioso Marino Vargas Villalta, no fuimos campeones, merced a la jugadita que sabemos del viaje en taxi del equipo durante seis horas Bogotá-Manizales.
Pero bien, ese es otro cuento. Desde ese decreto mencionado, con la aquiescencia del Cúcuta Deportivo desde las tiendas de barrios más deprimidos, hasta almacenes que llamamos de “caché”, nuestras mujeres fabrican, cosen, cortan, modifican camisetas y pantalonetas del club.
Son 76 años de historia y costumbres, y ellas son fuentes de la ley. También dijimos que desde tiempos inmemoriales autorizan leyes que técnica y jurídicamente quedan mal hechas, que sobran siendo absolutamente innecesarias.
La carta constitucional perentoriamente dice en el artículo cuarto que ella es norma de normas, que en caso de incompatibilidad entre ella y la Ley, pues prevalece la Constitución Política. Que es un deber de nacionales y extranjeros “acatarla junto a las leyes de la república, respetarlas y obedecerlas”.
Ya que los veedores ciudadanos, a quienes la ley les da los medios económicos para estas vigilancias y no las hacen, pues la gente y los periodistas y columnistas de opinión debemos estar pendientes de buena fe para realizarlas, pues las cifras que se lleva la corrupción son impresionantes. Solo el IMRD de Cúcuta, su presupuesto este año arrima a mil quinientos millones de pesos.
Adenda: “No hace falta defender siempre la misma opinión porque nadie puede impedir volverse más sabio. Konrad Adenauer.
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