Una empresa puede vender, cumplir, y quebrarse. Basta con que su cliente no pague a tiempo. Cuando ese cliente es el Estado, la paradoja resulta ofensiva: el empresario paga salarios, impuestos, y proveedores mientras espera que el gobierno que le exige puntualidad cumpla su parte. La demora tiene un precio: intereses que impiden crecer. Ese costo puede trasladarse a las ofertas de quienes contratan con el sector público. El Estado termina pagando más porque sus proveedores financian la espera. Llegar tarde es un impuesto que nadie aprueba, pero alguien paga.
La República Dominicana ofrece una experiencia que Colombia debería estudiar. Su programa Factoring Gubernamental Reservas permite a los proveedores obtener liquidez anticipada mediante la cesión de facturas a un fideicomiso administrado por el mismo gobierno. Colombia debería explorar el pronto pago con descuentos voluntarios. Si el costo total de anticipar el pago es inferior al descuento, el Estado podría ahorrar, mejorando la liquidez empresarial.
Un ejemplo hipotético ilustra la lógica: el Estado debe pagar una factura de $100 millones dentro de 90 días. El proveedor acepta recibir $98 millones hoy, en lugar de $100 millones en la fecha pactada. El Estado pagaría $2 millones menos. Si anticipar el pago, le genera costos adicionales por $1 millón, el ahorro neto sería de $1 millón. Para el proveedor la operación sería conveniente si el descuento resulta inferior al costo de financiarse por otra vía mientras espera el pago. Ambos deben ganar.
La evaluación, sin embargo, debe considerar al sector público en su conjunto. El ahorro de una entidad no puede darse por demostrado si otra entidad pública asume los costos de la operación. Trasladar una obligación a un banco público no la hace desaparecer: el esquema debe generar un beneficio neto para el Estado, no simplemente mover los costos de una entidad a otra.
El diseño institucional importa tanto como la idea. Solo deberían admitirse facturas verificadas, aceptadas, con respaldo presupuestal y con fecha cierta de pago. Una plataforma pública permitiría consultar su estado, prevenir la doble financiación y registrar cada operación. Las reglas de participación, los descuentos y los criterios de adjudicación deben ser públicos, propiciar la competencia, y ser auditables.
Una condición es innegociable: el Estado no puede atrasar una factura para después cobrar por acelerarla. El proveedor que rechace el descuento debe conservar su derecho a recibir el pago completo en la fecha pactada. Las obligaciones vencidas deben atenderse. La estrechez financiera de una pequeña empresa no puede convertirse en una oportunidad de rentabilidad para su deudor.
La implementación debería comenzar con un piloto acotado: días de pago reducidos, ahorro fiscal neto, y costo efectivo para los proveedores. Si se demuestran beneficios, podría ampliarse, si no, debe corregirse o cerrarse. Durante años hemos discutido cómo facilitar que las pequeñas empresas le vendan al Estado. Falta asegurar que puedan cobrarle sin arriesgar su supervivencia. Un Estado que paga a tiempo fortalece a sus proveedores, contrata en mejores condiciones, y protege el dinero público. La eficiencia también empieza por cumplir la palabra.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
