Dejando de lado a los negacionistas y a los indiferentes, que juntos hacen mayoría, el resto de la humanidad ya tiene claro que el cambio climático no es una posibilidad ni un escenario futuro, sino la nueva realidad. En lo que a nosotros la gente de Cúcuta respecta, desde hace meses tenemos claras señales del cambio climático, mostrándonos cómo serán en adelante nuestras vidas. Son expresiones atenuadas, algo así como cabañuelas de un porvenir tenebroso que sufriremos en parte por nuestra culpa, pero sobre todo por culpa del modo de vida capitalista, basado en el consumo desbordado y en el uso de combustibles fósiles para cuanta cosa es posible imaginar, lo cual no es ningún discurso devaluado sino otra circunstancia tan real como el mismo cambio climático, uno de sus peores efectos.

Quizá la mayor parte de la ciudad no se enteró de los incendios recientes en el Cerro Tasajero -para referirnos solo al municipio de Cúcuta- que consumieron entre 30 y 40 hectáreas de bosque tropical seco. Hechos como este no son aislados. En cambio, hacen parte de una cadena de eventos que progresivamente se intensifican, y en consecuencia serán cada vez peores. En 2023 el mismo cerro ardió en proporciones similares. Los datos del IDEAM, las alertas de Corponor y la experiencia de los Bomberos de Cúcuta confirman en nuestra propia casa lo que la ciencia ha advertido por décadas: las temperaturas altas y los periodos secos largos serán cada vez más frecuentes, lo que hace de la vegetación local un excelente combustible.

La respuesta institucional es inferior al problema. Comencemos diciendo que apenas una cuarta parte de los 40 municipios de Norte de Santander tienen cuerpo de bomberos. El resto depende de apoyos de los municipios que sí lo tienen o de esfuerzos improvisados. El Cuerpo de Bomberos de Cúcuta, el más grande de la región binacional, opera con graves limitaciones de personal y de equipos.

Frente a este panorama, el incremento de la sobretasa bomberil en Cúcuta es una medida necesaria. Este año se incrementó un punto, pasando del 5% al 6% sobre el Impuesto de Industria y Comercio, pero debería elevarse aún más. Esos recursos tienen destinación específica, pero su incremento debería enfocarse solo en el fortalecimiento de la capacidad para combatir y prevenir incendios forestales.

La Gobernación también debería disponer de mayores recursos para apoyar la creación y fortalecimiento de cuerpos de bomberos en los municipios que no los tengan, o donde éstos sean débiles. No debería tardar la Asamblea Departamental en reclamar a la Administración voluntad política para asumir con mayor determinación la prevención y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante los incendios forestales incrementando el esfuerzo fiscal en esa área.

Es la única forma de reducir el daño por cuenta de un fenómeno que además del perjuicio que causa a los seres humanos, lo causa también a la fauna sintiente, un efecto que poco se menciona con la claridad que merece. Los animales no tienen alertas ni vías de escape. Mueren asfixiados o quemados, o de sed. Otros quedan heridos. Es un dolor silencioso que debería conmovernos.

La sensibilidad frente a ese sufrimiento es parte de la responsabilidad que debemos asumir con el territorio que habitamos y una de las razones que debe suscitar nuestra reacción contra los incendios forestales. Buscar mayor justicia en esa materia implica, inicialmente, respaldar con mayores recursos a los cuerpos de bomberos.

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