La reforma a la consulta previa es una tarea pendiente del Estado que pocos se han atrevido a abanderar. Modificar ese mecanismo no significa ir en contravía de las comunidades, mucho menos desconocer los derechos de quienes han habitado el territorio. Significa asumir el debate sobre cuáles son los proyectos que le convienen al país.

Las conversaciones pendientes son tantas que el mismo ministro del Interior, Rodrigo Lara, reconoció que en esa cartera no hay claridad sobre cuántos procesos están estancados. Solo se tiene certeza de que los casos que están siendo estudiados se cuentan por miles, mientras que los que se dan por finalizados apenas superan los mil.

Solo entre 2011 y 2026 se han presentado 12.588 solicitudes, de las cuales casi la mitad siguen siendo expedientes activos y apenas el 16 % llegó a la etapa final para determinar la procedencia de la consulta. Llevar una auditoría sobre estos procesos resultó ser una tarea difícil de cumplir para las anteriores administraciones.

Ahora, el Gobierno de Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa su estrategia para destrabar estos procesos en cuestión de 90 días. Sin embargo, esa estrategia debe ser apenas el comienzo de una apuesta más grande para renovar el esquema bajo el cual opera la consulta previa. Por eso, mi nueva apuesta legislativa busca transformarla para encontrar un balance entre el desarrollo económico, el ambiente y los intereses de las comunidades, a través de un proyecto de ley estatutaria.

El momento de dar esta discusión llegó. El modelo necesita modernizarse. Debemos digitalizar todos los procesos que están en manos de los contratistas, para que esa información esté en manos del Estado bajo un expediente único por cada proyecto de explotación o de infraestructura. También necesitamos implementar una ventanilla única para procesar todas las solicitudes y garantizar que, al quedar dentro de una plataforma, tengan trazabilidad.

Los proyectos deben andar. La consulta previa debe iniciarse en una etapa temprana, para que sus responsables tengan alternativas reales para ajustar los aspectos por mejorar. Esta necesidad se hace evidente en los trámites sin resolver que datan de años, mientras las regiones necesitan que se hagan inversiones en los territorios.

Y no es solo esto: las actividades económicas que están detrás de las solicitudes de consulta previa son una oportunidad para la generación de empleo, en un contexto en el que el desempleo en Colombia llegó al 9,4 % en agosto.

Un claro ejemplo de la necesidad de modernizar ese mecanismo es el del proyecto Sirius, ubicado en el Caribe, donde se encuentra el mayor descubrimiento de gas que se ha efectuado en años recientes en Colombia y que permitiría el abastecimiento interno, así como el comercio internacional de hidrocarburos, lo que se traduce en la entrada de divisas. No obstante, para este proyecto se reportan 280 consultas que están en manos de diferentes contratistas. La información no está unificada, aun cuando se trata de iniciativas de interés nacional.

Cuando la consulta previa anda, también avanza el desarrollo económico del país. Eso sí: el mecanismo no puede desaparecer, y ese es un compromiso que asumiremos en el debate legislativo.

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