En mis columnas anteriores sostuve que descentralizar exige reconocer capacidades distintas y que la frontera también cobra. Hoy quiero entrar a las cuentas de Cúcuta; y me asalta una pregunta que debería acompañar esta discusión: ¿tener un presupuesto más grande significa tener mayor capacidad para decidir nuestro desarrollo?
Entre 2022 y 2025, según la información presupuestal a la que tuve acceso, los recursos del Sistema General de Participaciones recibidos por Cúcuta crecieron 36,9 % después de descontar la inflación; los ingresos tributarios disminuyeron 0,5 %. En 2025, las transferencias representaron cerca de siete de cada diez pesos del ingreso total. La ciudad administra más recursos, pero su recaudo tributario no avanza al mismo ritmo.
Esto no demuestra pereza fiscal. Las transferencias permiten sostener servicios y compensar desigualdades; su crecimiento puede responder a mayores responsabilidades. Sin embargo, tampoco basta para hablar de autonomía. La pregunta es cuánto de ese presupuesto puede destinar Cúcuta a sus propias prioridades, después de atender obligaciones y destinaciones establecidas.
El impuesto de industria y comercio, ICA, conecta esta discusión con la frontera. En 2025 aportó casi uno de cada tres pesos del recaudo tributario municipal. Detrás están los ingresos de empresas industriales, comerciales y de servicios; una parte de esa actividad atiende una demanda que cruza los puentes.
Cuando los dólares de un comprador venezolano se convierten en menos pesos, comprar en Cúcuta puede perder atractivo. También cuentan los precios, la seguridad y las condiciones para cruzar. Si cambian las ventas, puede cambiar la base del impuesto; el efecto sobre el recaudo dependerá, además, de declaraciones, retenciones y cobro de cartera.
Conviene ser precisos: las cuentas disponibles no permiten calcular cuánto del ICA depende de esas compras. Tampoco muestran un desplome permanente; el recaudo aumentó 5,3 % nominal en 2025. La vulnerabilidad puede existir mientras los ingresos crecen. Precisamente por eso necesitamos medirla antes de que una dificultad comercial se convierta en un problema presupuestal.
Pero la discusión también debe mirar hacia dentro. El predial perdió 24,5 % de su valor real entre 2019 y 2025; en este último año recaudó apenas 60,8 % de lo presupuestado. Esa diferencia no equivale automáticamente a evasión. Obliga a preguntar cómo se estimaron los ingresos, qué ocurre con la cartera y qué resultados producen la actualización catastral y la gestión de cobro.
Aquí la descentralización adquiere una responsabilidad compartida; la Nación debe reconocer las particularidades de financiar servicios en una ciudad fronteriza; Cúcuta debe explicar y fortalecer el aprovechamiento de sus fuentes propias. Una exigencia no cancela la otra.
Propongo comenzar por algo concreto: publicar cuánto margen tiene realmente el municipio para decidir; seguir el ICA por actividad económica y separar el recaudo corriente de la recuperación de cartera; explicar la brecha del predial con información verificable. Con esa base podremos discutir apoyos diferenciales e instrumentos de estabilización, sin convertirlos en premios a la mala gestión ni castigos a la menor capacidad fiscal.
Descentralizar desde la frontera exige recursos, información y capacidad institucional; también exige que el presupuesto financie una economía más diversa, capaz de ampliar sus ingresos futuros y resistir cambios externos. Esa sería una autonomía con contenido: poder sostener los servicios y construir oportunidades, incluso cuando al otro lado cambian las condiciones. La frontera también cobra; nuestra tarea es conseguir que la autonomía alcance para responder.
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