La movilidad urbana es el termómetro de la salud cívica. Así como la temperatura corporal se eleva con la fiebre y revela síntomas de infecciones, el comportamiento de los ciudadanos en las calles permite medir la calidad de sus instituciones, la eficacia de sus normas y el grado de cohesión de una sociedad. En Cúcuta, el tráfico desmedido de motocicletas, la indisciplina vial y la apropiación casi irrestricta del espacio público arrojan sombras sobre nuestra idea de ciudad. No se trata solamente de trancones, accidentes o demoras cotidianas, sino de una patología colectiva en la que la urgencia individual termina imponiéndose sobre el bienestar común.
La condición fronteriza y metropolitana de Cúcuta hace más compleja esta ecuación. Los desplazamientos entre municipios, la intensidad de los intercambios comerciales y la interacción permanente con Venezuela configuran una dinámica territorial que desborda los límites administrativos. Sin embargo, mientras la ciudad se expande informalmente y multiplica sus necesidades, la planificación parece avanzar a una velocidad muy baja respecto a la de los vehículos que circulan por sus calles. Las motocicletas, convertidas en instrumento indispensable de trabajo y subsistencia al resolver necesidades inmediatas, pero cuya proliferación sin una regulación eficaz contribuye a consolidar un modelo de movilidad donde el irrespeto, el riesgo y la competencia por el espacio se confunden con la normalidad.
A esta dificultad se añade la ausencia de un sistema de transporte público masivo que ofrezca una alternativa eficiente, confiable y accesible al vehículo particular. Las ciudades que han comprendido que la movilidad es un servicio colectivo han procurado articular sus redes de transporte con el ordenamiento territorial y el desarrollo económico. Cúcuta, en cambio, depende de una demanda creciente de desplazamientos y una oferta insuficiente de soluciones estructurales y de largo plazo. El problema de la movilidad no se resuelve exclusivamente mediante restricciones vehiculares, lo cual es tan ingenuo como confiar en que la congestión desaparecerá por la sola multiplicación de las vías.
Pero tampoco cabe aceptar que cualquier medida de regulación constituya una amenaza para la economía o una afrenta a la libertad individual. El temor de algunos sectores y gremios ante el pico y placa y otras limitaciones a la circulación merece consideración, pero no puede convertirse en un veto permanente a las decisiones de interés general. La libertad de desplazarse no incluye el derecho a poner en peligro a los demás, del mismo modo que la actividad comercial no puede reclamar como condición indispensable el desorden de las calles. Las restricciones, cuando estén técnicamente justificadas, deberán ser proporcionales, evaluables y acompañadas de alternativas reales de transporte.
Recuperar la movilidad exige algo más que agentes de tránsito, comparendos o campañas ocasionales. Requiere educación, autoridad legítima, coordinación metropolitana e inversiones sostenidas, pero también la aceptación de que vivir juntos implica inicialmente renunciar a ciertas comodidades individuales. Una ciudad no se vuelve moderna porque sus habitantes puedan desplazarse en motocicleta hasta la puerta de cualquier destino, sino porque todos puedan llegar a él con seguridad y dignidad.
Las calles de Cúcuta no son una prolongación de nuestras urgencias particulares. Son el espacio compartido donde se hace visible nuestra capacidad de convivir. Si en ellas impera la ley del más audaz, no estaremos ante un problema de tránsito, sino ante el retrato de una sociedad que ha confundido la libertad con la ausencia de límites.
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