La bancada del Centro Democrático decidió no respaldar la tributaria del Gobierno tal como fue radicada: el ahorro que propone es poco, el mayor IVA golpea a los hogares de ingresos medios y populares y faltan estímulos a la inversión. La bancada prepara una contrapropuesta.

Esa decisión no es un capricho. Las tributarias tapan el hueco del momento, pero no tocan las causas combinadas que lo abren: un Estado que gasta más de lo que recibe, un mercado laboral en el que más de la mitad de los trabajadores es informal y una economía que crece muy poco.

Primero, hay que ajustar el gasto. Entre 2019 y 2025, el funcionamiento del Gobierno pasó de 14% a 17,2% del PIB. Además la estrategia de subir impuestos ya mostró sus límites: llevamos tres años seguidos sin cumplir la meta de recaudo.

El proyecto acierta al reducir a la mitad el gasto en contratistas y bajar 20% la nómina estatal. Pero, hay que eliminar entidades, evitar duplicidades de funciones, vender activos no estratégicos y recortar el funcionamiento, no la inversión.

Segundo, la reforma no puede castigar más el empleo formal. El 54,5% de los ocupados en Colombia es informal, no cotizan a salud y pensiones y, en su gran mayoría, tampoco pagan impuestos.

Ahí está buena parte del problema del recaudo. Muy pocos están dentro del sistema. Sin una formalización alta, ningún sistema tributario será suficiente. La ley de Rescate no resuelve este problema. Lo agrava: limita a dos salarios mínimos la exoneración de aportes al SENA, al ICBF y a la salud, que hoy cubre hasta los diez salarios. Esa exoneración redujo la informalidad en 5,3 puntos. Revertirla es desandar uno de los pocos avances reales del país en formalización. Y muchas microempresas (son más de 94 de cada 100 empresas formales), van a quebrar o se van a pasar a la informalidad.

Una reforma estructural debe ir en la dirección contraria: bajar los costos laborales, conservar la exoneración de aportes y proteger al microempresario ampliando el Régimen Simple.

Tercero, es imperioso acelerar el crecimiento económico. Se espera apenas 1,7% para 2027. Con esas tasas, es muy difícil que Colombia mejore la calidad de vida de sus ciudadanos y reduzca la pobreza a la velocidad que debería. La burocracia y el gasto son el primer freno; los impuestos, el segundo.

La tarifa de renta de las empresas en Colombia es de 35%, casi 11 puntos por encima del promedio de la OCDE. El proyecto la baja a 31% en dos años. Acierta. Pero sigue muy por encima de los países con los que competimos por el mismo capital. Sin cambiar eso, estamos perdidos porque será muy difícil incentivar la inversión en el país.

Cuando la carga tributaria sube demasiado, el recaudo deja de crecer porque la base se achica, como lo muestra la curva de Laffer. Entre 2021 y 2024, el número de personas que declararon patrimonios superiores a $11.000 millones cayó en 28%. Prefirieron trasladar su capital a otras jurisdicciones o cambiar su residencia fiscal. La salida es ampliar la base y simplificar el Estatuto Tributario. El nuestro es complejo, lleno de excepciones y reformado constantemente.

El país no puede seguir creyéndose la mentira de que más impuestos resuelven la crisis. Colombia necesita una reforma estructural: un Estado más pequeño y eficiente, un mercado laboral en el que contratar formalmente cueste menos y un sistema tributario sencillo y competitivo, que atraiga la inversión en lugar de espantarla.

Solo una reforma así estimulará el crecimiento necesario para sacar a la gente de la pobreza, mejorar su calidad de vida y tener más ingresos para la inversión que necesita el país.

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