El Tribunal Superior de Cúcuta será en últimas el que confirme o no la sanción de un día de arresto y una multa de un salario mínimo mensual legal vigente al alcalde Donamaris Ramírez, por presuntamente haber incumplido una tutela que le ordenaba solucionar el problema de techo a la ciudadana María Elisa Ochoa Saavedra.
Así lo reseñó la jueza Décima Civil Municipal de Oralidad, Angélica María Parra, al aclarar que si bien está en curso la medida contra Ramírez, es necesario dar un margen de espera a la decisión que emita el Tribunal Superior, que debe resolver el incidente de desacato que interpuso el municipio contra el juez que emitió la sanción.
Ochoa, quien resultó damnificada y sin techo por la ola invernal de 2012, acudió a la alcaldía de Cúcuta para que le resolvieran su problema de vivienda. Para hacer valer su derecho interpuso una tutela, la misma que le ordenó a Ramírez proceder con una solución al respecto.
“A esta señora se le ofreció toda la ayuda necesaria, entre esta un albergue temporal y un subsidio de arriendo, pero no aceptó”, dijo Ramírez.
Agregó que casos como este, por el que alcaldes anteriores fallaron en su acción de autoridad al permitir que muchas familias construyeran ranchos en terrenos ajenos y, lo peor, inestables y en zonas de alto riesgo, hay cerca de 3 mil 329.
De esta cifra, a 1 mil 700 familias se les gestionó vivienda nueva durante el presente gobierno. “Lo que pasa es que es imposible acabar con un problema que venía de 30 años atrás”, dijo Ramírez.
A mí me están impartiendo una orden de arresto sobre la base de una acción ilegal, es decir, de gente que invadió terrenos ajenos y en sectores de alto riesgo, dijo.
Ramírez señaló que por esta razón procedió a entutelar al juez que emitió la orden de arresto, “porque no tuvo en cuenta las pruebas presentadas por la alcaldía”.
Si tengo que irme a dormir, uno, dos o tres días a la estación de policía me voy con el deber cumplido, porque yo no puedo permitir que la gente haga lo que se le dé la gana con la ley, sentenció Ramírez.
