Tras el atentado con explosivos registrado ayer contra el comando de la Policía de Norte de Santander, las autoridades nacionales y departamentales ofrecieron una recompensa de 300 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables del ataque.
Asimismo, durante el transcurso del día autoridades de orden nacional, departamental y municipal llevaron a cabo un consejo extraordinario de seguridad en el que definieron nuevas medidas para fortalecer el orden público y prevenir nuevos hechos violentos en Cúcuta.
Entre las decisiones adoptadas se encuentra la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y la restricción del parrillero en motocicleta desde las 6:00 de la tarde del sábado 1 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del día de hoy.
Además, se prohibió la circulación de transporte de carga pesada, volquetas, buses y camiones en los alrededores del estadio General Santander durante la jornada a fin de reforzar la seguridad en medio de los eventos programados en el marco de la feria.
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De igual manera, las autoridades anunciaron restricciones especiales con motivo de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. En ese sentido, el parrillero en motocicleta estará prohibido desde las 6:00 de la tarde del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del sábado 8 de agosto.
Durante ese mismo periodo también estará restringida la circulación de vehículos de carga pesada en la capital nortesantandereana. Además, se confirmó que el 7 de agosto se declarará día sin carro en Cúcuta.
El alcalde Jorge Acevedo explicó que estas medidas buscan garantizar la tranquilidad de los ciudadanos durante los actos relacionados con la posesión presidencial.
Sumado a esto, el Ejército Nacional dio a conocer las medidas que se tomarán de manera inmediata en la región.
Entre ellas se fortalecerá el Plan Candado en Cúcuta y su área metropolitana mediante el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el Ejército y se implementó ayer un Plan Integrado de Seguridad y Vigilancia, en apoyo a la Policía Nacional, para garantizar el normal desarrollo y culminación de las festividades programadas.
Adicionalmente, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) Departamental diario, donde se analizará permanentemente la información de inteligencia y los reportes suministrados por la ciudadanía y se mantendrá e intensificará el desarrollo de las operaciones militares en todo el departamento, con especial énfasis en Cúcuta y su zona metropolitana.
La institución también comunicó que se fortalecerán las capacidades de drones e inteligencia y que la Fuerza Aeroespacial Colombiana apoyará las operaciones con capacidades diferenciales de vigilancia y observación aérea para fortalecer la detección oportuna de amenazas.
“Desde ayer y hasta el 7 de agosto también se reforzará la seguridad en el área metropolitana con siete pelotones adicionales, cerca de 250 soldados, así como unidades blindadas y motorizadas”, precisó.
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Reacciones a nivel regional y nacional
El gobernador William Villamizar Laguado fue una de las primeras voces en rechazar de manera contundente el atentado contra el comando de la Policía de Norte de Santander.
“Coordinaremos con las autoridades todas las acciones necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales de este cobarde hecho”, expresó el mandatario.
El gobernador también manifestó su solidaridad con las personas heridas y con las familias afectadas por el ataque.
En este mismo sentido, precisó que desde su función institucional continuarán acompañando a la Fuerza Pública e invitó a la comunidad a actuar entre todos para evitar estas acciones terroristas que afectan a la población.
Por su parte, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional comunicó su rechazo a estos ataques y resaltó que llegó a la ciudad para verificar de primera mano la situación de orden público y acompañar a los policías heridos y a sus familias.
“Atentar contra quienes velan por la seguridad de los colombianos es un ataque contra la tranquilidad de todos. Ya están desplegadas todas las capacidades institucionales para identificar y capturar a los responsables, quienes deberán responder ante la justicia”, afirmó.
De igual forma, el presidente electo, Abelardo de la Espriella condenó el atentado y expresó su solidaridad con todos los afectados tras el hecho.
"El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”, dijo De la Espriella quien aseguró que los responsables deben ser identificados, capturados y judicializados.
El saliente ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, también condenó los ataques e informó que los responsables de estos actos fueron “los narcoterroristas del Eln”.
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Asimismo, el funcionario envío un mensaje contundente a quienes pretenden sembrar miedo, afectar a la población y desafiar al Estado, asegurando que encontrarán siempre una respuesta contundente, legítima y dentro de la ley.
“Hemos dispuesto el fortalecimiento y despliegue inmediato de las capacidades de nuestra Fuerza Pública para proteger a los ciudadanos, esclarecer estos hechos y perseguir hasta capturar a todos los responsables. Cúcuta no está sola. El Estado está con ustedes y no permitiremos que el terrorismo imponga su voluntad sobre los colombianos”, agregó.
Además, Sánchez recordó que se está ofreciendo una recompensa de hasta $200 millones por información que permita ubicar y capturar a los responsables. A dicha suma se le agregan los $100 millones de la Gobernación, la información que será manejada con absoluta reserva.
Igualmente, Angélica Verbel, ministra de Defensa encargada manifestó su rechazo hacia estos hechos y recalcó que quienes atacan a la población civil y buscan sembrar miedo deben tener la certeza de que sus acciones criminales no quedarán impunes.
“A quienes usan el terror para intimidar a los colombianos les decimos con total claridad: los vamos a encontrar, los vamos a capturar y responderán ante la justicia. El terrorismo no definirá el rumbo de Cúcuta ni de Colombia. La institucionalidad prevalecerá. El Estado somos todos y los buenos somos más”, expuso.
Entretanto, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por lo sucedido y enfatizó que la detonación de un carro bomba en una zona urbana representa una escalada de violencia que incrementa los riesgos para la población civil y genera temor entre la ciudadanía.
La Defensoría también recordó que este ataque se suma a otros hechos registrados durante la última semana en el departamento, entre ellos el atentado contra el mayor José Luis Vargas, comandante de la estación de Policía de Puerto Santander, y la emboscada contra el coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante de la Policía de Norte de Santander, en la vía entre El Zulia y Sardinata.
Para la entidad, estos hechos evidencian una intensificación de las acciones violentas dirigidas contra la Fuerza Pública y un aumento de la exposición de la población civil a situaciones de riesgo.
En su pronunciamiento, la Defensoría puntualizó que el derecho a la vida debe prevalecer en cualquier circunstancia y recordó que las partes involucradas en el conflicto están obligadas a respetar los principios de humanidad, precaución y proporcionalidad, evitando acciones que generen afectaciones indiscriminadas o terror entre la población.
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Adicionalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que cesen toda acción violenta y respeten a la población civil, sus bienes y la infraestructura esencial para las comunidades.
La entidad también instó a las autoridades nacionales, departamentales y locales a fortalecer las medidas de prevención, protección y respuesta frente a los riesgos que enfrenta Norte de Santander, así como avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y evitar nuevas afectaciones.
Otra voz que se sumó a la denuncia de este atentado, fue la Organización de Naciones Unidas (ONU), que les reiteró a los grupos armados no estatales que estos ataques están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario y las normas de derechos humanos.
“Reiteramos también a estos grupos su obligación de respetar estrictamente el DIH, en particular: los principios de distinción, precaución y protección de la población civil”, señalaron.
Frente a este escenario, la ONU también les hizo un llamado a las autoridades competentes a adelantar las acciones necesarias para proteger a la población civil e investigar con celeridad los hechos, identificar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia.
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