Luego de que líderes comunales denunciaron ante el Concejo las irregularidades que cometen beneficiarios de viviendas gratuitas, se conoció la verdad del gobierno.

Francisco Maldonado, líder comunal de El Salado, preguntó por qué la alcaldía no ha realizado operaciones para controlar los predios de alto riesgo desocupados y ahora reinvadidos.

Miryam Amparo Díaz, secretaria de Planeación, dijo que la alcaldía se quedó sin presupuesto para recuperación de esas zonas, lo cual aclara por qué predios entregados por los damnificados a cambio de vivienda nueva están siendo invadidos.

Así, el próximo alcalde deberá asumir la responsabilidad de cuidar los predios en alto riesgo que están siendo  reinvadidos.

Según la directora de Metrovivienda, Luz Karime Coronel, 30 por ciento de 1.388 viviendas estarían reinvadidas, incluso por las mismas familias que recibieron viviendas nuevas, lo que podría traerles sanciones.

¿Por qué no las destruyeron?

Según Maldonado, lo lógico hubiera sido que al entregar una vivienda nueva el gobierno hubiera destruido la desalojada.

Coronel respondió que los beneficiarios firmaron una renuncia a sus viviendas viejas y se comprometían a entregarlas a cambio de la casa nueva.

No se destruyeron, “porque el municipio debe formular un plan de reubicación y destrucción de esos inmuebles, y para eso necesita recursos que deben ser aprobados por el municipio y el Concejo”, aclaró Coronel.

Explicó que una vez se destruyen las casas, los concejales deben declarar la zona como área de reserva forestal para que se inicie la reforestación.

Coronel dijo que Metrovivienda ya cumplió su papel de construir viviendas, pero el afán de la alcaldía es no permitir que más personas sigan ocupando los predios en alto riesgo.

El Salado parte alta, Nueva Esperanza, Los Alpes, Tucunaré, San Rafael están reinvadidos.

Díaz explicó que sin los recursos no se puede formular y cumplir con un proyecto de demolición y reforestación.

Además, la secretaría de Gobierno tampoco cuenta con los recursos suficientes para iniciar un proceso de desalojo.

Además de lidiar con los avivatos que intentan quedarse con los lotes antiguos y los nuevos, la alcaldía debe poner en cintura a aquellas personas que se inscribieron dos veces.

Según Coronel, hay núcleos familiares donde la madre se registró como damnificada de la temporada de lluvias, y el padre lo hizo ante el Fondo Adaptación.

Contundente rechazo

La secretaria de Planeación, Miryam Amparo Díaz, pidió a las personas que rogaron por vivienda y se les cumplió su deseo, no subarrendar o engañar vendiendo mejoras, por porque es ilegal.

Señaló que las zonas cedidas por estar en alto riesgo serán demolidas y declaradas cuanto antes como zona de reserva forestal.

“No se pueden negociar estas viviendas”, dijo. “Las personas que compren perderán su dinero”.

A la fecha el Gobierno nacional a entregado 608 viviendas (hasta 2014) a través del Fondo de Adaptación y 602 a las personas afectadas por la temporada de lluvias de 2010-2011.