Cúcuta es una ciudad que respira al ritmo de lo que ocurre al otro lado del río Táchira.
Su pulso económico ha estado históricamente atado a los avatares de la frontera más viva y compleja de Latinoamérica. En 2008, el intercambio comercial bilateral superaba con holgura los 7.000 millones de dólares; sin embargo, tras los cierres de los puentes, la ruptura diplomática y la profunda crisis del vecino país, ese flujo se desplomó drásticamente hasta tocar fondos cercanos a los 222 millones de dólares en los momentos más críticos de la última década.
Aquel colapso de las relaciones bilaterales no solo paralizó el comercio formal, sino que desató un efecto dominó sobre el mercado laboral cucuteño. Con el cierre de miles de empresas legalmente constituidas y la llegada masiva de población migrante que presionó una oferta de trabajo de por sí estrecha, el “rebusque” dejó de ser una alternativa para convertirse en la norma de supervivencia. Ventas ambulantes improvisadas, transporte informal por trochas y pequeños talleres sin ningún tipo de registro mercantil inundaron las calles de la capital de Norte de Santander.
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Para entender a fondo este fenómeno, investigadores del Centro de Investigación en Estudios Fronterizos (CIEF) y del grupo de investigación Altos Estudios de Frontera (ALEF), clasificado en categoría A1 por Minciencias, abordaron esta compleja situación. Neida Albornoz Arias, directora del CIEF, explicó el trasfondo de esta crisis: “La persistencia de la informalidad no es el resultado de una elección caprichosa o aislada por parte de los comerciantes, sino una respuesta profundamente racional ante un entorno altamente incierto y volátil. Sin embargo, también es necesario educar a la población en el proceso de formalización de sus negocios, bajo un enfoque de gestión administrativa, sostenibilidad y fortalecimiento de marca”.
Neida Albornoz Arias
Cuando un empresario o un trabajador independiente levanta su cortina en una zona de frontera donde las tasas de cambio fluctúan sin tregua, los pasos internacionales se abren o se cierran por decisiones geopolíticas y la capacidad de pago del consumidor es mínima, los costos monetarios y administrativos de registrarse formalmente, pagar impuestos y asumir cargas laborales completas parecen un lujo inalcanzable.
A este panorama se suma una estructura productiva sumamente frágil. De acuerdo con Luis Arnulfo Suárez Espitia, miembro del CIEF y experto en economía y finanzas, el 92 % de los micronegocios en Colombia pertenecen a trabajadores por cuenta propia; unidades productivas unipersonales donde no hay empleados contratados que dependan de un crecimiento escalonado, sino una lucha diaria por el sustento familiar.
Luis Arnulfo Suárez Espitia
En este escenario, el Registro Único Tributario (RUT) luce como un trámite lejano: apenas el 31,6 % de los micronegocios en las principales 24 ciudades del país cuenta con este documento fundamental.
Un sistema que cobra en la sombra
El problema estructural es que operar al margen de la ley también pasa una factura muy alta. Tal como lo señala Omaira Suárez Bernal, integrante del mismo grupo de investigación, al operar sin contabilidad ni formalidad, las puertas del sistema financiero formal se cierran de golpe, empujando al microempresario a las redes del endeudamiento gota a gota, caracterizadas por tasas de interés usurarias.
Omaira Suárez Bernal
Sin facturación legal, se pierden los grandes clientes corporativos, las licitaciones y las oportunidades de compras públicas. Por si fuera poco, la economía formal compite en clara desventaja frente al contrabando transfronterizo —un fenómeno que, según estimaciones de agremiaciones como Fenalco, mueve cerca de 35 billones de pesos a nivel nacional—, ingresando mercancías con precios que ningún negocio legal puede igualar.
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Desde la perspectiva del desarrollo sostenible —cuyo modelo clásico acuñado por John Elkington exige un delicado equilibrio entre la rentabilidad económica, el impacto social positivo y la responsabilidad ambiental—, la inmensa mayoría de los negocios fronterizos se debaten en una mera economía de supervivencia que apenas logra rozar el primer pilar.
Una ventana abierta hacia la reactivación
No obstante, el horizonte económico de la región empieza a captar vientos de cambio.
La reapertura de los pasos fronterizos consolidada en los últimos años ha devuelto oxígeno al tejido empresarial: el comercio bilateral experimentó un crecimiento del 4,1 %, alcanzando los 1.170 millones de dólares al cierre de 2025, impulsado especialmente por un incremento del 26 % en las exportaciones colombianas de alimentos y bebidas hacia el vecino país.
A esto se suma el optimismo de gremios como la Cámara Colombo Venezolana, que visualizan en la estabilización política y económica de Venezuela una oportunidad dorada para encauzar el intercambio comercial hacia carriles estrictamente formales. En sintonía con este respiro, Norte de Santander escaló una posición en el Índice Departamental de Competitividad (IDC), ubicándose en el puesto 13 entre 33 departamentos evaluados por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario.
Sin embargo, como advierten con rigor científico los investigadores de ALEF, la frontera no fabrica informales por naturaleza: “los recicla sistemáticamente con cada crisis económica y social que sacude la región”.
Conclusión
La radiografía actual del DANE sitúa la tasa de informalidad laboral en Cúcuta y su Área Metropolitana en el 62,8 % para el trimestre diciembre 2025 - febrero 2026. Aunque representa una caída importante frente al 72,9 % de la pandemia, sigue evidenciando que la ilegalidad y la precariedad continúan siendo la regla general del mercado.
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Mientras formalizarse continúe representando una carga financiera y burocrática superior a los beneficios de operar legalmente, los negocios locales seguirán pendiendo de un hilo. Romper este círculo vicioso requiere de una política pública propositiva y articulada: esquemas de crédito blando y accesible, simplificación real de trámites tributarios y un control aduanero inteligente al contrabando. Solo así el puente internacional volverá a ser lo que promete: un canal indiscutible de desarrollo, competitividad y oportunidades legítimas para Norte de Santander, concluyeron los investigadores.
Lo que cuesta operar en la sombra:
Para el negocio: Imposibilidad de acceder a créditos bancarios formales, exclusión de grandes cadenas de proveeduría y estancamiento comercial crónico.
Para el trabajador: Carencia absoluta de protección social, salud contributiva, subsidios familiares y estabilidad pensional para la vejez.
Para la ciudad: Menor recaudación tributaria local, lo que se traduce directamente en presupuestos insuficientes para modernizar la infraestructura vial, el espacio público y los servicios sociales.
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