O todos en la cama o todos en el suelo. Así se describe lo que piensan los residentes de Comuneros, frente a la escasez de vigilantes en sus escuelas.
La comunidad educativa no ve con muy buenos ojos que mientras la escuela Comuneros #33, sede San Bartolomé, permanezca sin vigilantes y aseadoras, como todas las demás, la Alcaldía decida abrir un contrato para dar vigilantes al Centro Tecnológico de Cúcuta (CTC), a solo unos metros.
Dicen que estas dos instituciones educativas, únicamente separadas por un consultorio privado, no se diferencian la una de la otra; luego por eso no entienden como sí hay plata para el CTC y no para esta escuela o las demás de Cúcuta.
Herly Yajaira Bermont, madre de uno de los estudiantes, habló de las necesidades que tiene la escuela. Se queja porque ya son dos veces que con carácter urgente ha pedido personal (vigilantes y aseadores) al secretario de Educación, Luis Carlos Guzmán, que sigue negándoselos.
Bermont dijo que la escuela no tiene secretaria para administrar los documentos de la institución, y que se están violando los derechos de los niños a disfrutar de unos servicios educativos adecuados.
Peor aún, denunció que entre los niños se han presentado brotes e infecciones, ya que usan los inodoros sin haberse aseado como corresponde y se ven obligados a hacer sus necesidades encima de otros excrementos.
“No sabemos qué medidas tomar para que se garantice la vigilancia y el aseo, pues como no hay quién cuide, no se ha podido ni siquiera instalar la sala de informática, con los portátiles nuevos”, denunció.
Jorge Rodríguez, otro denunciante, dijo que a los padres reúnen dinero para pagar los aseadores, pero muy seguramente este lunes, cuando los niños vuelvan a clase, todo va a seguir igual de sucio.
El secretario de Educación, Luis Carlos Guzmán, se limitó a responder por la escuela, señalando que el CTC es una entidad descentralizada que no tiene que ver con la secretaría de Educación.
Aseguró que la contratación del personal administrativo, llámese vigilantes y aseadores, está en licitación desde el 27 de abril y que debe respetar los términos de ley.
A este proceso de contratación, por 2 mil millones de pesos, se ha presentado un proponente de razón social Calidad Total S.A.
