Wilfredo Garcés Aponte, 31 años, padre de una niña de 9, no sabe si fue mejor quedarse como estaba o haber recibido un riñón nuevo.
Hace cuatro meses, después de acudir a la Justicia para hacer valer sus derechos, la Eps Caprecom le reemplazó un riñón.
El médico tratante le ordenó un control cada mes con el nefrólogo y medicamentos especializados. Sin embargo, solo pudo cumplir los dos meses siguientes. Después se encontró con la sorpresa de que la Ips Foscal, de Bucaramanga, adonde acudía, ya no le atendía, pues el contrato con la Eps se había terminado.
Garcés dice que si no cumple con este protocolo perderá el trasplante y, lo peor, su vida.
“A veces me pongo a pensar en si hubiera sido mejor quedarme enfermo, como estaba, o que me reemplazaran el riñón, porque ahora estoy en peligro de morir: no me autorizan los controles”, dice.
Hay otro agravante: no ha podido desafiliarse de Caprecom, por las trabas que le ponen y porque de hacerlo tardaría no menos de tres meses en obtener medicamentos en la nueva Eps a la que llegue, lapso en el que quizás su riñón trasplantado ya no le sirva.
“Es como estar encarcelado”, asegura Garcés.
El 1 de agosto tenía cita para un examen de pielografía, para determinar el retiro de un drenaje por donde orina, “pero por la negligencia de Camprecom, tampoco se ha cumplido”, dijo.
Otros dos trasplantados de riñón, Gabriel Moncada, de Tibú, y Jhon Forero, de Cúcuta, están en la misma situación.
Según Caprecom, a esa Eps están afiliados al menos 650 pacientes de alto costo que, como Garcés, Moncada y Forero, requieren tratamientos especializados para el cáncer, VIH sida, insuficiencia renal, hemodiálisis renal; prótesis en reemplazos articulares de cadera y/o rodilla, trasplantes de médula ósea, corazón, incluyendo el salvamento del órgano y medicamentos inmunosupresores post trasplante; procedimientos por enfermedad coronaria como angioplastias coronaria, entre otros.
El director de la Fundación Provida, Nicolás Salazar, denunció que muchos pacientes de cáncer no reciben su quimioterapia ni sus medicamentos a tiempo y están expuestos a morir.
Autoridades no actúan
Dijo que ni la Superintendencia Nacional de Salud ni los órganos de control ni las autoridades de salud se han puesto a pensar que ya entramos en la temporada de fin de año, cuando más se requieren los servicios de salud, y a los 65 mil usuarios de Caprecom nadie les quiere prestar servicios.
Igual sucederá con los usuarios de esta Eps en la cárcel de Cúcuta, a los cuales solo se les prestará el servicio hasta la primera semana de noviembre.
El director del Instituto Departamental de Salud (IDS), Javier Orlando Prieto, en carta al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le expresa que al 28 de julio, 236 pacientes de alto costo están en espera de tratamiento de quimioterapia, consulta de control y seguimiento; algunos sólo han recibido la primera valoración.
Eduardo Martínez, administrador de Caprecom Cúcuta no quiso dar declaraciones a La Opinión cuando se acudió a esa Eps. Tampoco el titular de la Supersalud, Norman Julio Muñoz, a quien se le preguntó qué pensaba de estos casos y de la desatención con niños y ancianos por Caprecom.
