Diez años después de que el Consejo de Estado  ordenó el cierre de la antigua estación de gasolina Rosetal, ubicada en la avenida Grancolombia frente a la Fundación Virgilio Barco, la alcaldía de Cúcuta procederá a cumplir definitivamente con la orden administrativa.

Así lo anunció ayer la secretaria de Gobierno, Adelaida Ontiveros, quien volvió a encontrarse con este caso que una década atrás la puso en líos pues los 40 empleados del sitio la tildaban de tirana, cuando era la Inspectora Sexta de Policía.

Ontiveros, otra vez es conminada —ahora como secretaria de Gobierno y con el rótulo de Dama de Hierro— a que en el menor tiempo cumpla con el cierre de los establecimientos que ocupan el espacio público.

De no hacerlo, incurriría en el desacato a la justicia y a la acción popular que pide que este sitio sea despejado.

Hace 140 años aquí  quedaba una de las estaciones del ferrocarril de Cúcuta,  patrimonio cultural olvidado por los gobernantes de turno.

Maritza Pérez Amaya, denunciante, dijo que en este espacio se viola el espacio público.

Señaló que se está permitiendo que esté negocio funcione 24 horas ilegalmente, a menos de 100 metros el Palacio de Justicia, la Fiscalía entre otras instituciones y es prohibido.

Pérez Amaya conmina al alcalde Donamaris Ramírez a que cumpla con el artículo 54 del decreto 1600 de 2005 para que cumpla con su competencia en el control urbano.

En este lugar de reconocimiento histórico funciona un  montallantas, una cafetería y se efectúan tareas mecánicas que ocasionan que carros mal parqueados bloqueen el  paso a los peatonales.

Frente al sitio, pasando una calle dañada,  funciona un lavadero de carros.

Según Ontiveros, se comisionará un inspector para que  nuevamente cierre cualquier actividad ya que “es una zona de espacio público”.

“Hay una señora que alega que eso es propietaria de este lugar, porque lo heredó, pero ahí no puede funcionar nada”, dijo.

Ontiveros indicó que en 2005 este negocio de montallantas se cerró con el acompañamiento de Personería, pero unos años después se volvió a ocupar.

Añadió dijo que en el lugar podría funcionar un CAI de la Policía.

Mujer alega que es dueña

Yolanda Carrascal, señalada de ser la responsable de promover la ocupación del lugar, indicó que es la legítima dueña de este predio, que además es patrimonio cultural.

“Tengo escritura pública, matrícula mercantil, matrícula inmobiliaria, declaración de renta,  pagamos impuestos”, aseguró .

Según Carrascal, el predio  está avaluado en 286 millones de pesos.

“Para que el municipio pueda hacer algo, primero tienen que notificarme, indemnizarme, pagarme el avalúo del predio y hacer todo un proceso”, dijo.

Para la mujer, el fallo del Consejo de Estado ya caducó. Carrascal alega que el espacio público está libre.