La reacción de la Procuraduría sobre el conflicto entre la Alcaldía de Cúcuta y el Inpec se resolvió con una carta de intención que entregó la administración municipal a la dirección nacional del Inpec, para que se firme el convenio del año 2018, por 530 millones de pesos.

Según el documento, el 70 por ciento del monto ($371 millones) se destinarán a la compra de equipos, mantenimiento, y otras necesidades, mientras que el 30 por ciento  restante ($159 millones) constituirá el pago de sobresueldos de los guardianes del Complejo penitenciario de Cúcuta.

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Al respecto, el personero municipal, Martín Herrera, destacó que “el alcalde (César Rojas) haya prestado atención y que el Inpec empiece a recibir a estas personas”, con el fin de brindarles una atención digna, dado que las condiciones de los Cai, donde estaban los indiciados, no tenían condiciones.

“Es necesario que la cárcel reciba a los reclusos, porque estos sitios no tienen acondicionamiento”, dijo el personero. “Ni siquiera entregan comida, porque no están organizados para ello”, situación que deriva en una violación de derechos humanos.

“Las cárceles tienen atencion inmediata e integral, cosa que no tenían los Cai donde estaban abandonados, por decirlo de algún modo”, agregó.

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Este martes, se recibieron 20 personas para ser recluidas en la Cárcel Modelo de Cúcuta y el miércoles se sostendrá otra reunión, esta vez con los demás alcaldes del área metropolitana, con miras a recibir los certificados de disponibilidad presupuestal y esperar el cumplimiento de los compromisos, según expresó el vocero del sindicato local del Inpec, Carlos Ramos.