En diciembre de 2017, diecisiete personas interpusieron tutelas contra la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional para que, al menos a 100 vendedores ambulantes que fueron desalojados en el mismo mes, se les permitiera el trabajo informal.

El motivo principal por lo que acudieron a los estrados judiciales tiene que ver con el derecho al trabajo del grupo de personas que han estado en la avenida 5 entre calles 12 y 11 del centro de Cúcuta, durante más de 10 años.

Sin embargo, la Alcaldía del municipio recibió con sorpresa la notificación de un juez que falló a favor de los vendedores donde les ordenan, al término de 20 días, una alternativa económica, laboral o de reubicación de su oficio.

Óscar Gerardino, secretario de Gobierno, dice que "ellos fundamentan el derecho al mínimo vital, el derecho al trabajo, pero también está el derecho de la comunidad en general de movilizarse libremente por las calles de la ciudad".

Para la ONG Veeduría de Derechos Humanos Operación Libertad, que son quienes hacen el acompañamiento a estas personas con el fin de protegerles sus derechos, hay que mirar tres entradas: 

• El derecho al trabajo (Artículo 25 de la Constitución Política).
• Libertad para escoger profesión u oficio (Artículo 26).
• Integridad del espacio público (Artículo 82).

Argumentan que la constitución se contradice. Es por eso que Alirio Riveros, presidente de la veeduría, considera que la administración municipal tendría que buscar una solución de reubicación e impulsar el comercio en favor de ellos y de esta manera se respete el espacio público.

Ante esto, el secretario de Gobierno insistió que, además de recalcar que el equipo jurídico de la alcaldía ya impugnó el fallo para que vaya a segunda instancia, a los vendedores han tenido deferentes opciones para que no sigan en las calles, las cuales no han sido aceptadas por ellos.

"Les dimos la oferta en el centro comercial Las Mercedes en el mes de diciembre donde no tenían que pagar nada de arriendo. Solo era una cuota mínima de condominio equivalentes a $50 mil. Ellos tenían esos locales a disposición para la venta de estos productos y pues ninguno accedió a estos beneficios", agregó Gerardino.

Ahora, todas las partes deberán esperar, para ver cómo resulta la apelación a este fallo.