Las autoridades aún no ponen límite de permanencia a las personas deportadas de Venezuela que están  en el Centro de Ferias (Interferias), el último albergue que queda en Cúcuta.

Según el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, aunque si bien se supo cuándo comenzó la emergencia, no se ha determinado el término, pero el gobierno debe culminar la atención brindando todo el apoyo humanitario posible.

“Esta fase de respuesta a la emergencia, donde garantizamos la alimentación y la oferta institucional, ya está casi superada. No puedo poner días exactos para el cierre de los albergues porque la dinámica puede cambiar”, señaló.

Márquez precisó que quedan menos de 1.000 albergados y que para estas familias gestionaron 134 contratos de arrendamiento nuevos.

“Aspiramos que la semana entrante, después de suplir el proceso de contratación, la estancia acá sea muy corta”, dijo.

Según las entidades socorristas, a las familias se les está brindando la oferta institucional y las subvenciones para que salgan de los albergues; por eso, si es necesario, acompañarán a las personas a que se reubiquen en las casas de arriendo.

Márquez destacó que hoy solo quedan 991 personas en el albergue de Interferias.

“Esto no va a ser eterno. Si vemos que  ya hemos cursado toda la atención (pero no se van), nos toca acompañarlos a que se ubiquen en los sitios de arrendamiento”, puntualizó.

Tal acompañamiento se hará junto con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.

Albergados se quejan

Algunos albergados señalaron que las ayudas que entrega el gobierno no son suficientes, o no llegan.

Nina Leal, deportada, dijo que quiere abandonar el albergue antes de diciembre.

Es madre de cinco hijos y con el subsidio de 250 mil pesos por tres meses, solo le alcanzaría para una habitación, y no hay persona que le rente con tantos niños.  

Cristopher Mantilla dijo que se ha reunido con las autoridades para revisar el tema de salud en los albergues y las ayudas, pero insiste en que el apoyo institucional ha sido suficiente para algunos, pero no para todos.

Sobre estas reuniones, Márquez contestó que el gobierno no negocia con los deportados, pues el plan no es el resultado de ninguna negociación. Solo es un compromiso y una voluntad del gobierno para con los connacionales.

Precisó que hasta ayer 6.129 personas habían pasado por albergues y 4.845 se han devuelto a sus lugares de origen.

Unas 1.145 personas han sido ubicadas laboralmente y 2.829 familias recibieron el subsidio de arriendo.  

Además, 662 personas están en procesos cortos de formación laboral en el Sena.

Algunas personas que han salido de los albergues, porque ya habían recibido subsidio de arriendo, aseguran que han tenido problemas para reclamar los subsidios que prometió el gobierno.

Los albergados señalan que no salen hasta cuando no estén seguros de que van a recibir el total de las ayudas que da el gobierno.

Sobre estas denuncias el personero de Cúcuta, Orlando Puentes Valderrama, indicó que se han recibido tres quejas de deportados que salen de los albergues sin subvenciones.