Ir hasta las últimas consecuencias para que les permitan trabajar, ‘así sea bloqueando calles o quemando lo que haya que quemar’ amenazaron ayer los pimpineros durante la marcha de protesta que protagonizaron para exigir al Gobierno nacional y al departamental las garantías laborales para seguir ganando su sustento.
Los trabajadores informales señalaron que no están dispuestos a seguir soportando los atropellos de la fuerza pública ni las medidas represivas lideradas por el alcalde Donamaris Ramírez que buscan desalojarlos de los puestos en los que desde años atrás se han ganado el sustento de la venta de gasolina.
“Rechazamos de manera tajante estas medidas, porque nosotros no somos delincuentes, aquí lo que hay son más de seis mil familias pobres a las que nunca se les ha dado una oportunidad laboral seria”, dijo José Abel Correa, presidente del sindicato de trabajadores de la gasolina.
La marcha de los pimpineros partió desde la glorieta de El Escobal y culminó en el parque Santander, donde expresaron consignas contra la alcaldía.
Al ser indagado sobre las ofertas hechas por el Gobierno Nacional para emprender la reconversión laboral de los pimpineros, basada en negocios de franquicias y en capacitación para emprendimientos empresariales, Correa señaló que nada de lo que les han prometido ha sido concertado con ellos, “todo ha sido impuesto”.
Correa manifestó que mientras no se haya aterrizado una propuesta seria, muy difícilmente van a abandonar los puestos de trabajos ni tampoco la venta de combustible en las calles.
Agregó que la propuesta de franquicias hay que replantearla, “debido a que con tres millones nadie monta un negocio serio para salir de la informalidad”.
El secretario de Minas del Departamento, Jorge Pinzón, se mostró extrañado por la protesta de los trabajadores informales, argumentando que a ellos siempre se les ha hablado con franqueza en las mesas de trabajo que se han adelantado con los delegados del Gobierno Nacional.
La Opinión conoció que además de la oferta que se les socializó a los pimpineros por parte de la propia ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, relacionada con las microfranquicias, servicios de turismo y comercio minorista, para lo cual contarán con todas las garantías en materia de financiamiento, también se está hablando de recursos de cofinanciación para unas 6 mil familias.
La secretaria de Gobierno de Cúcuta, Adelaida Ontiveros, mencionó que el plan de desalojo del espacio público, el cual también abarca los sitios ocupados por los pimpineros, se puso en marcha desde mucho antes de que se produjera el cierre de la frontera el pasado 19 de agosto.
*La Opinión
