La ponencia para segundo debate del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que será discutida en la plenaria del Senado, mantiene el monto total en $634,9 billones, pero propone cambios en la distribución de los recursos entre sectores.

El ajuste más significativo corresponde al servicio de la deuda pública nacional, cuyo presupuesto pasaría de $152,4 billones, aprobados en primer debate, a $144,1 billones. La reducción sería de $8,36 billones, equivalente a 5,5%.

Sin embargo, el recorte propuesto supera los $6 billones que, según lo anunciado previamente por el senador Christian Garcés, ponente del proyecto, se habían acordado reducir con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

En contraste, la ponencia plantea aumentos presupuestales para el Ministerio de Hacienda y el sector de Minas y Energía, además de recursos adicionales para entidades de control, estadísticas, investigación judicial y organización electoral.

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Hacienda tendría una adición de $4,5 billones

La propuesta adiciona $4,5 billones al MinHacienda, de los cuales $3,9 billones se destinarían a inversión y $600.000 millones a gastos de funcionamiento.

Con esta modificación, el presupuesto de la cartera pasaría de $43,5 billones a $48 billones. La adición forma parte de los principales movimientos de recursos incluidos en la ponencia para segundo debate. 

Minas y Energía recibiría $3 billones adicionales

El sector de Minas y Energía tendría una adición de $3 billones para financiar subsidios a las tarifas de energía eléctrica, gas por redes y gas licuado de petróleo (GLP).

Los recursos también cubrirían el transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera. De aprobarse la modificación, el presupuesto del sector aumentaría de $7,5 billones a $10,51 billones.

Más recursos para organismos de control y entidades estatales

La ponencia propone una adición neta de $267.000 millones para los organismos de control. El cálculo resulta de sumar $310.000 millones y descontar $43.000 millones de la Procuraduría General de la Nación.

Los recursos se destinarían a continuar la modernización tecnológica, fortalecer el seguimiento disciplinario y las capacidades de analítica e inteligencia artificial. También se busca robustecer los programas de atención a víctimas, derechos humanos y servicio al ciudadano.

En el sector de Información Estadística, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) recibiría $150.000 millones adicionales para inversión. El objetivo es optimizar la recolección y el acopio de información estadística oficial.

La Registraduría Nacional del Estado Civil tendría una adición de $200.000 millones. De ese total, $100.000 millones se asignarían al funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el propósito de fortalecer sus labores de control electoral. Los otros $100.000 millones se destinarían a inversión de la Registraduría para reforzar los procesos del sistema de identificación nacional y la capacitación.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación recibiría $100.000 millones adicionales para atender sus necesidades de capacidad organizacional y operativa durante 2027. La propuesta también contempla $43.400 millones para la Universidad del Ministerio Público.

En Defensa y Policía, se incorporarían $31.000 millones netos adicionales para el funcionamiento del subsistema de salud de la Policía Nacional. Estos recursos provendrían de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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Los recortes en Planeación, Presidencia y Transporte

Además de la reducción al servicio de la deuda pública, la ponencia plantea ajustes en los sectores de Planeación, Presidencia, Transporte y en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

En Planeación, se reducirían $31.000 millones de los gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, correspondientes al Fondo Empresarial.

En la Presidencia de la República, el documento propone recortar $12.000 millones de inversión de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. La reducción está asociada al cupo fiscal previsto para incorporar recursos de cooperación internacional destinados al sector salud.

En Transporte, se plantea una disminución de $15.600 millones en el proyecto de inversión de la Aeronáutica Civil. Según la ponencia, el ajuste responde a la estimación de los aportes necesarios para el proyecto Aeropuerto del Café durante 2027, teniendo en cuenta el flujo de recursos requerido y el avance previsto de las obras.

La deuda pública tendría el mayor recorte presupuestal

El principal ajuste de la ponencia corresponde al servicio de la deuda pública nacional, cuyo presupuesto se reduciría en $8,36 billones, al pasar de $152,4 billones a $144,1 billones.

De acuerdo con el documento, la disminución responde a las condiciones para realizar operaciones de reperfilamiento y manejo de las obligaciones financieras del Estado. El propósito es priorizar los proyectos de inversión nacional y los gastos de funcionamiento incluidos en el Presupuesto General de la Nación.

La propuesta también contempla una reducción de $170.000 millones para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. De esa suma, $30.000 millones corresponden a gastos de funcionamiento y $140.000 millones a inversión.

La ponencia señala que esta modificación hace parte de un ejercicio de racionalización y priorización del gasto. No obstante, precisa que se conservarían los recursos necesarios para garantizar la operación y el cumplimiento de las funciones misionales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El documento mantiene el monto global del PGN en $634,9 billones, pero modifica las asignaciones entre entidades y sectores. Su contenido corresponde a la ponencia para segundo debate y, por tanto, los cambios planteados deberán surtir el trámite legislativo correspondiente.

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