Hasta $550.000 millones podrán movilizar las cajas de compensación familiar para apoyar la recuperación de las familias y los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, a partir de las medidas establecidas por el Gobierno en los Decretos 1417 y 1422 de 2026.
De acuerdo con estimaciones de Asocajas, los recursos disponibles alcanzarían cerca de $90.000 millones a través del Fosefec, administrado por el gremio, para financiar la protección al cesante y otros servicios asociados al empleo.
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Además, hay entre $370.000 millones y $460.000 millones mediante el Fovis, destinado al subsidio familiar de vivienda. Estos recursos permitirán concentrar la contribución del sistema en dos necesidades fundamentales para los hogares damnificados: la protección económica de trabajadores cesantes y las soluciones de vivienda.
La presidenta ejecutiva de Asocajas, Adriana Guillén, indicó que reconocen la respuesta de los ministerios de Trabajo y Vivienda y el esfuerzo para poner en marcha medidas que respondan a las necesidades de las familias afectadas.
“Estas decisiones abren nuevas posibilidades para esta etapa de recuperación: un ingreso temporal para quienes están cesantes y recursos para quienes necesitan reparar su vivienda, encontrar una solución habitacional o contar con un apoyo de arrendamiento mientras avanzan en su recuperación. Contribuiremos a su implementación con nuestra capacidad y presencia territorial”, señaló Guillén.
Esta nueva etapa se suma a las acciones que las cajas han desplegado desde los primeros días posteriores al terremoto en atención humanitaria, vivienda, crédito, acompañamiento psicosocial, protección del empleo y recuperación empresarial.
Según Adriana Guillén, a casi un mes y medio de la emergencia, solo Comfamiliar Risaralda y Comfandi habían movilizado más de $40.500 millones en distintas medidas para apoyar a las familias afectadas.
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Protección económica para desempleados
El Decreto 1417 creó una protección económica extraordinaria para trabajadores cesantes damnificados por el terremoto, operada por las cajas de compensación familiar. Esto significa que una persona que esté desempleada y haya sido incluida en el Registro Único de Damnificados (RUD) podrá solicitar una ayuda equivalente a medio salario mínimo ($875.452), siempre que cumpla los requisitos establecidos.
El apoyo se entregará en dos pagos mensuales. Para acceder, la persona deberá ser mayor de edad, estar cesante y haber realizado aportes a una caja durante al menos seis meses en los cinco años anteriores al terremoto.
Los seis meses no tienen que ser seguidos ni haberse aportado a una misma caja. Se podrán sumar aportes realizados como trabajador dependiente o independiente y en diferentes entidades. La caja verificará el cumplimiento de este requisito en las bases de información oficiales.
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Esta protección extraordinaria podrá reconocerse hasta el 31 de diciembre de 2026 y se financiará con recursos disponibles del Fosfec.
Dinero para vivienda
Las familias damnificadas que tuvieron afectaciones en sus viviendas podrán acceder a recursos para repararlas, mejorarlas, reconstruirlas o adquirir una vivienda, según las necesidades identificadas en cada caso. Para quienes necesiten una solución inmediata, el decreto contempla además un subsidio temporal de arrendamiento por hasta 12 meses.
Para hacerlo posible, el Decreto 1422 permite movilizar recursos del Fovis. Para un hogar, dependiendo de la afectación de su vivienda, los recursos podrán contribuir a financiar: reparaciones o mejoras; reconstrucción, adquisición de una vivienda, cuando corresponda; el pago temporal de un arriendo por hasta 12 meses, para hogares que necesiten una solución temporal; y una solución de vivienda financiada con varios subsidios.
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