En la carta firmada por el gerente de CENS, José Miguel González Campo, la empresa expuso ante la Comisión que el territorio afronta complejas realidades socioeconómicas: Norte de Santander registró una tasa de desocupación del 11,3% al cierre de 2025 y Cúcuta se mantiene de manera recurrente entre las ciudades con mayor informalidad del país, alcanzando un 63%.
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El análisis de la compañía arrojó que, en lo corrido de octubre, más de 3.095 usuarios comerciales e industriales han recibido recargos superiores a $200.000 que amenazan la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La solicitud formal de CENS a la CREG
Para evitar una afectación sobre los hogares y sectores productivos, CENS le solicitó a la CREG evaluar lassiguientes alternativas:
-Ajustar las metas individuales de consumo para los hogares, considerando variables regionales como la temperatura, el clima y las características de la actividad económica local.
-Excluir a los usuarios no residenciales (comercio e industria) de la aplicación de la Resolución CREG 101-120 de 2026 debido a las condiciones del territorio.
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-Excluir de cobros adicionales a aquellos usuarios que carecen de información histórica y a quienes se les asignó una meta de referencia basada en la mediana de otros usuarios.
La compañía expresó su compromiso con la seguridad energética nacional, sin embargo, indicó que,“la coyuntura actual de nuestro territorio requiere una mirada diferencial que permita alcanzar los objetivos de confiabilidad del sistema sin afectar la competitividad regional y la sostenibilidad de las familias más vulnerables y sectores productivos”.
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