Si todo marcha como el Gobierno Nacional espera, la compañía canadiense Brookfield Asset Management se convertirá este miércoles en la socia mayoritaria de la segunda mayor generadora del país, Isagén.

Todo dependerá de que la empresa, única oferente en la subasta, acepte el precio base de $4.130 por acción. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, dijo que la oferta pública del 57,61% de las acciones que posee el Estado, programada para hoy a las 9 de la mañana, se llevará a cabo a pesar de que la empresa chilena Colbún –la otra interesada en quedarse con la hidroeléctrica– anunciara su retirada de la competencia.

El funcionario aseguró en medios nacionales que dentro de los escenarios analizados siempre estuvo el de un solo comprador y por eso se subió el precio de la acción.

Lo cierto del caso es que según el ministro, la subasta con un solo oferente es legal, gracias al decreto 1082 del 2015 del Departamento Nacional de Planeación, el cual establece que “si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa”.

Una de las consecuencias de tener  un solo comprador es que no habrá competencia por el precio, es decir, que muy seguramente el negocio por el control de Isagén se hará por el valor mínimo propuesto de $6,48 billones, que irán a la Financiera de Desarrollo Nacional para impulsar por proyectos viales de cuarta generación.

Entre las múltiples voces de protestas por la continuidad en el proceso de venta se destaca la posición del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien le manifestó en una carta al presidente Juan Manuel Santos, que este negocio “podría implicar un detrimento patrimonial sin antecedentes en la historia del país”.

En el documento, Ordóñez le recuerda al presidente Santos que, teniendo en cuenta el precio de la acción en 2013 y a pesar del ajuste hecho en diciembre de 2015, los colombianos perderían $2,3 billones con el valor propuesto para la venta.

En la carta, igualmente, se cita a la Contraloría General de la República que en el Boletín Macrofiscal No. 7 y 11 de 2015, evaluó negativamente los impactos de la venta de Isagén y se afirma que a la larga este proceso podría implicar que haya más impuestos para los colombianos.

*Redacción Económica La Opinión