La cooperación no reembolsable por US$60 millones anunciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para apoyar el empalme e inicio del gobierno de Abelardo De la Espriella ha generado dudas sobre su alcance, uso y manejo presupuestal.
El apoyo financiero no implica obligaciones de pago por parte del Estado colombiano y es la primera vez que un proceso de acoplamiento entre dos administraciones recibe un ofrecimiento así. Expertos consultados por La Opinión explicaron que estos recursos no están destinados exclusivamente al empalme ni podrán ejecutarse de manera inmediata.
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El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, señaló que el BID pertenece a la banca multilateral, que está conformada por muchos países accionistas y dentro de los cuales se encuentra Colombia.
Amorocho resaltó que la entidad aún no ha emitido un documento, ni siquiera una carta de intención, sobre dicha cooperación más allá de lo expresado en redes sociales por el electo mandatario y el presidente del BID, Ilan Goldfajn.
El experto destacó que el ofrecimiento no es nada distinto a la función que tiene el BID como banca de desarrollo.
“No es como se ha tratado de mirar la situación, que es únicamente para un proceso de empalme, porque jurídicamente este no se puede considerar una etapa inicial de gobierno, sino anterior al comienzo de una administración”, apuntó Henry Amorocho.
El académico dijo que a lo que se refiere Goldfajn va en sentido de brindar acompañamiento y asistencia técnica en los proyectos sociales previstos en el plan de gobierno del presidente electo.
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El director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Sebastián Chacón Marín, resaltó que no se ha especificado la distribución de los recursos, pero que están enfocados en apalancar la transición de un gobierno a otro, “atado a lo tecnológico, durante los primeros meses de la nueva Presidencia”.
¿Ingresa a las arcas públicas?
El profesor Henry Amorocho señaló que este dinero entraría al proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2027, el cual estudiará y aprobará el Congreso antes del 20 de octubre.
“Solo hasta a ese momento se podrá disponer de los recursos. Estos US$60 millones harán parte de lo que se denominan recursos de capital y entran a ser parte de las arcas de la Nación”, recalcó el experto en finanzas públicas.
Sebastián Chacón Marín también destacó que el dinero ingresa como cooperación internacional no reembolsable a los mecanismos financieros definidos para ejecutar el programa aprobado.
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“Lo que usualmente se hace para este tipo de contratos es que los dineros no ejecutados no quedan a disposición del gobierno, sino que se deben regresar”, enfatizó.
Amorocho aclaró que no justificable ningún gasto en el empalme, porque este proceso no lo requiere.
Mientras que Chacón manifestó que, si bien el recurso humano para el empalme se fundamenta en voluntarios, el ofrecimiento de la cooperación puede relacionarse con el fortalecimiento de sistemas de información y capacidades técnicas, así como herramienta de transferencia de conocimiento para la toma de decisiones y construcción de planes de gobierno para los próximos años.
Los expertos coinciden en que la cooperación del BID no es un cheque en blanco para el nuevo gobierno, sino un mecanismo de apoyo técnico sujeto a reglas presupuestales, controles institucionales y condiciones propias de la cooperación internacional.
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