La entrada en vigencia de la Ley de Edificaciones Seguras, firmada en julio de este año, aún no ha generado grandes cambios en la dinámica del sector. Aunque la normatividad recibió sanción presidencial, los artículos que reglamentan su aplicación aún no están listos.

Hasta ahora, según se conoció este jueves durante una conferencia dictada por funcionarios del Ministerio de Vivienda a empresarios del departamento, de los cambios que establece la ley, los únicos que se están aplicando son los de las curadurías.

De acuerdo con la ley 1976 de 2016, las curadurías municipales, sin excepción alguna, deben hacer la revisión estructural de los diseños antes de generar las licencias de construcción. De esta manera, se le quitó a los curadores la posibilidad de hacer excepciones en la revisión de dichos documentos, explicaron los profesionales de Minvivienda a los empresarios.

Más allá de esto, son pocos los renglones de la ley que ya son aplicables. Uno de ellas es que en la nueva normativa, de conformidad con el Código Civil, los constructores tienen la obligación de amparar contra prejuicios a los compradores de los inmuebles y para ellos establece figuras como seguros, fiducias o garantías bancarias; sin embargo, no quedó especificado en ningún articulo cómo se debe efectuar este procedimiento.

Este tema preocupa a los empresarios de la región. Raúl Colmenares Rey, subdirector técnico de Viviendas y Valores, indicó que este gasto no está presupuestado en ningún proyecto, por lo que podrían impactarse los precios finales de los productos.

Lo otro que podría ampliarse serían los tiempos de entrega, dada las diferentes fases de revisión de las construcciones que establece la norma, agregó Juan Carlos Bautista, arquitecto director de obra de Colproyectos

El proceso de revisión y supervisión de los proyectos establece también un nuevo reto. Colmenares indicó que hasta ahora no se conoce quién debería hacerse cargo de esto, si las empresas o las curadurías, ni tampoco cuál es el perfil ni los requisitos profesionales de las personas que desarrollen estos procesos, por lo que se esperaría que el Gobierno diera un tiempo para capacitar el personal y no traer gente de otras ciudades a desarrollar dichas labores.