Las trabas para que una asociación de mineros tradicionales de Sardinata comercialice carbón por Venezuela, llevaron a la suspensión de los contratos de 249 trabajadores que hoy se consideran ‘nuevos desplazados’ por la crisis fronteriza.

Herly Castiblanco, gerenta de la Asociación de Mineros de las veredas de Fátima y La Barca, Fatibar, aseguró que los inconvenientes comenzaron cuando el comercializador se vio impedido para exportar el producto.

“Tenemos 50 transportadores, 30 cocineros, tres administrativos y 30 contratistas afectados por el cierre”, dijo. “Es decir, los 362 empleos que generamos en 2015, de una actividad lícita, tienen su contrato suspendido porque no tenemos con qué pagar”.

Según la gerenta, al menos cinco personas se benefician con el trabajo de cada uno de ellos, lo que incrementa el perjuicio para la comunidad que depende de la Asociación.

“La situación es crítica porque si se hacen las cuentas reales, estamos hablando de 1.810 desplazados más en Norte de Santander debido a que la empresa más grande de mineros tradicionales está pasando por esta crisis”, declaró Castiblanco.

La situación ya fue puesta en conocimiento del ministerio del Trabajo, entidad a la que se remitieron la declaratoria de zona de reserva especial otorgada por la Agencia Nacional de Minería, desde febrero de este año.

Ayuda digna

Aunque Castiblanco asegura que los mineros no han manifestado mayores quejas por este impase, sí comenta que le han hecho peticiones puntuales.

“Ellos ven claramente que la frontera está cerrada y saben que el producto solo es competitivo cuando sale por Venezuela”, indicó. “Pero en las reuniones que se han hecho piden ser considerados en las mismas condiciones como las que pasan los deportados de Venezuela”.

Para ella, si bien se agradece la labor del gobierno con este sector de la población, enfatiza que la gente perjudicada por la falta de empleo también necesita subsidios de arrendamiento, vivienda digna, apoyo en educación, salud, entre otros aspectos.

Además, según un estudio de caracterización hecho por la misma Asociación se encontró que el 90 por ciento de los trabajdores no tienen vivienda propia; el 10 por ciento posee lotes, sin legalizar, en los que ha construido un hogar, y el 97 por ciento de ellos no ha sido beneficiario de ningún subsidio de vivienda.

Igualmente, insistió en que la Asociación no puede desvincular de la seguridad social a los trabajadores, pues de lo contrario el pasivo laboral iría en aumento.

“Nos han pedido que le bajemos costos a la producción pero nosotros llegamos al límite”, refirió. “Hacerlo, sería ir contra la dignidad de los trabajadores”.

Agrego que la situación se torna cada vez más compleja, en vista de que aún no se ha obtenido respuesta contundente e inmediata por parte del gobierno.

“La gasolina no es una solución, ni tener trabajadores con pérdidas”, puntualizó. “Necesitamos vías que nos permitan ser competitivos para el mundo entero porque, de lo contrario, no habrá posibilidad alguna de brindar garantías a nuestra gente”.

La empresa en cifras

Según datos de Fatibar, este año se han tributado 387 millones de pesos en impuestos como regalías y retención en la fuente.

Los trabajadores tienen seguridad social con un aporte de 598 millones de pesos por conceptos de caja de compensación, EPS, ARL, y fondos de pensión.

Otros sectores que se benefician de la labor de Fatibar son: alimentos, transporte, talleres de metalmecánica y automotrices, tiendas de equipos mineros, y estaciones de combustible, con más de $5.800 millones por estos servicios.

Igualmente, se cuentan pasivos laborales de 2.367 millones: $367 millones de pasivos laborales, y 2 mil millones en créditos con el comercializador.

De acuerdo con Asocarbón, en Norte de Santander por el cierre de frontera hay 4.500 trabajadores con contratos en vilo.