La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió terminar el contrato de la Ruta del Sol II y la construcción de la vía Ocaña- Gamarra, cuyos procesos de adjudicación estarían salpicados por el escándalo de corrupción y sobornos de Odebrecht, al que también estarían vinculados políticos de Norte de  Santander.

A través de un comunicado, la ANI señaló además que realizará una auditoría independiente del modelo financiero asociado a la adición del tramo Ocaña-Gamarra, con el objetivo de identificar si se dieron irregularidades en el mismo.

Para terminar el contrato, la entidad interpuso una demanda de nulidad ante el tribunal de arbitramento. De acuerdo con el comunicado, la decisión se tomó debido a  los actos ilícitos que dieron origen a su adjudicación. El fallo por parte del tribunal implica la terminación del contrato y permite la apertura de una licitacion para terminar las obras.

“Los tribunales de arbitramento fallan más rápido que la justicia ordinaria y esperamos tener una decisión firme en los próximos meses, esto nos permite reabrir nuevamente la licitación para terminar las obras, este es un mecanismo jurídicamente  sólido que busca proteger los derechos de los usuarios y de terceros afectados, como el sector financiero”,  señaló Luis Fernmando Andrade, presidente de la ANI.

La entidad también indicó que están  adelantando una investigación para determinar los individuos al interior de la ANI que pudieron haber participado en esta trama criminal, con el objetivo de que recaiga en ellos todo el peso de la ley.

El contrato

El 21 de noviembre de 2014 el Vicepresidente dela República, Germán Vargas Lleras, y el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, suscribieron el acta de inicio del proyecto Ocaña-Gamarra,  (Río de Oro – Aguaclara - Gamarra). 

En ese momento se anunció que la inversión estimada para este proyecto era de $1,2 billones, que tenía como objetivo mejorar el transporte de carga y la movilización de pasajeros por su acceso a la Ruta del Sol II. Con esta obra  también se estimaba generar 1.500 empleos directos. 

El proyecto tiene una longitud de 80 kilómetros, de los cuales 60 kilómetros del trazado original están sobre la vía existente y 20 kilómetros corresponden a un nuevo trazado. 

Los mayores beneficiados serían los sectores agrícola, ganadero y minero de la región oriental de Colombia, con acceso a los puertos de la Costa Caribe, transformándose esta en una vía estratégica para la economía regional y nacional.

El proyecto vial estaraba a cargo de la Concesionaria Ruta del Sol, compuesta por: Odebrecht con un 62,01%; Episol con el 33%; y CSS con el 4,99%.