La Minga Nacional Agraria ya suma 13 días liderada por las comunidades indígenas, y al parecer las movilizaciones van para largo, luego de las dificultades que tiene el Gobierno y la Cumbre Agraria para solucionar algunos puntos que generan discordia en las mesas de negociación, además de la violencia que se ha venido presentando en las principales carreteras del país.
En términos generales, en el pliego de peticiones de la Cumbre hay dos exigencias que tienen que ver con la tierra, enfocadas en el acceso y la implementación de medidas para favorecer la producción agropecuaria. De acuerdo con la quinta entrega del Censo Nacional Agropecuario, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las poblaciones indígenas tienen en total 33,6 millones de hectáreas, de las cuales 92,2% son para bosques; 5,3% para uso agropecuario; y el porcentaje restante para otras actividades.
En este sentido y de acuerdo con la opinión de algunos expertos, la preocupación de los indígenas y los campesinos no es tener más tierra para producir, si no recuperar lo que les pertenece y obtener más subsidios.
Rubén Darío Lizarralde, exministro de Agricultura, aseguró que a algunas comunidades, patrocinadas por grupos al margen de la Ley y de izquierda, no están interesadas en la producción agrícola.
“La bandera de que ‘necesitamos territorio para trabajar y para producir nuestra comida’, no es verdad, el objetivo de ellos, desde su perspectiva, es recuperar territorio, porque nosotros somos invasores”, explicó Lizarralde.
Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, afirmó que hay exigencias que no se pueden cumplir, porque “llevaría a temas como una revocatoria de licencias ambientales que se han dado a algunas empresas para explotar petróleo o quitar algunos Tratados de Libre Comercio”. Además, dijo que desde que se le dio una especie de personería jurídica a la Cumbre, esta tiene la potestad de hacer movilizaciones y exigencias.
Sin embargo, Luis Fernando Arías, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena (Onic) comentó que “lo que se estableció en el pliego de cargos es que se respete la dignidad y el suelo de cada una de las comunidades, en donde se explota petróleo sin consulta previa”.
Nidia Quintero, representante de Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), dijo que “en ningún momento las movilizaciones están infiltradas, por el contrario buscamos que se invierta en el campo colombiano, porque somos un sector que aportamos al país en soberanía y en producción”.
Bogotá | Colprensa
