En el caso de que el presidente Donald Trump decidiera sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), la última palabra la tendría el poder judicial de ese país, concluyó una investigación del Congreso estadounidense.

Es probable, de acuerdo con el análisis, que el presidente Trump carezca de la autoridad para terminar el efecto doméstico de los estatutos federales que implementan el Tlcan sin pasar por el proceso legislativo para su derogación.

La práctica histórica apoya este punto de vista. El Tlcan reemplazó, en gran medida, el anterior Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá . Cuando el Congreso aprobó el Tlcan, enmendó la ley de implementación del Custa para suspender ciertas disposiciones de la ley, mientras permitió que otras continuaran operando.

Sin embargo, el presidente Trump podría argumentar que aplicaría enmiendas al TLC sin aprobación del Congreso, porque tales enmiendas no requieren cambios a la ley estatal de Estados Unidos. En ese caso, la promulgación por parte del Congreso de una resolución que expresara su oposición al acuerdo podría hacer que un tribunal se abstuviera de dar efecto legal al acuerdo de Trump.

Otra vertiente, de conformidad con analistas estadounidenses, está en que, si Trump invoca la Sección 125 de la Ley de Comercio de 1974, podría permitir que exportadores, consumidores o legisladores estadounidenses demandaran esta acción, dejando el caso a los tribunales.

El argumento se funda en que la Sección 125 otorga al presidente el poder de retirarse de los acuerdos comerciales, siempre y cuando celebre una audiencia pública sobre el asunto, de modo que no sea “contrario al interés público”.

Ayer, Donald Trump emitió un mensaje en Twitter en donde fustigó nuevamente el Tlcan, insistió en llamarlo el peor acuerdo comercial jamás negociado por EU.