El presidente Abelardo de la Espriella puso el dedo en la llaga sobre las fotomultas cuya operación sigue despertando cuestionamientos en el país. 

El jefe de Estado le pidió al Ministerio de Transporte que revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional. Estos mecanismos deben servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial, no para convertirse en una trampa contra los ciudadanos ni en un negocio a costa de su bolsillo.

Lo urgente entonces es que dicha cartera emprenda la inspección jurídica, técnica y económica para arrojar claridad sobre  los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones que operan en diversas zonas del país, entre ellas el área metropolitana de Cúcuta. 

Un hecho interesante es que hay directrices claras y precisas sobre la forma de adelantar esa especie de auditoría. Donde haya irregularidades, abusos o sistemas diseñados con fines meramente recaudatorios, hay que actuar con contundencia, fue la notificación presidencial.

La ciudadanía debe estar muy atenta para conocer los resultados del diagnóstico que dejará saber cuántas de esas cámaras pasan o no el examen a las que serán sometidas.

E igualmente la ministra Elsa Noguera  le puso un dique a esta situación, al observar que la seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras. 

Aprovechando esta consideración debe producirse la reflexión necesaria entre las autoridades de tránsito, los usuarios viales, los gobiernos locales y la ciudadanía para que se obvien atropellos, si los hay, se redefina esta clase de aplicación de multas o se decidan tomar otras determinaciones.

Por el momento ya conocemos que las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente, como lo afirmara la ministra, para quien la protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico.

Recordemos que hacia mediados de este año, contra 37 organismos de tránsito del país la Superintendencia de Transporte abrió investigación por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de  estos sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito.

En ese momento se planteó por parte de la entidad que 12 organismos de tránsito iniciaron esa operación sin contar con concepto de desempeño. Siete organismos operaron con conceptos expedidos a terceros. Y 18  obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.

La existencia de ese precedente deberá dar pie a que haya celeridad en los procedimientos a seguir frente a una cuestión tan sensible para la vida diaria de los ciudadanos. Darle la claridad requerida es de lógica la mejor opción con el fin de que se superen todas las dudas existentes.

Pero, igualmente, este momento debe servir para determinar lo realmente lo que sucederá con los 5.8 millones de comparendos captados desde las cámaras, que en concepto del anterior Gobierno nacional deberían ser revocados de oficio.

La controversia sobre las fotomultas no se limita al funcionamiento de las cámaras. También comprende las condiciones técnicas de los equipos, la señalización previa de los dispositivos y  el procedimiento utilizado para comunicar los comparendos a los presuntos infractores.

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