Las amenazas evidentes de un empeoramiento de las condiciones climáticas en Colombia, como consecuencia de lo que se llamó primero el súper Niño y ahora se le empieza a indicar que será de una magnitud de extrema gravedad, han abierto un nuevo frente de debate.

Resulta que el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, al que solamente le restan pocos días en la Casa de Nariño, declaró el estado de desastre nacional.

¿Improvisación?, preguntan unos. ¿Por qué no le dejó tomar las decisiones sobre este asunto al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que se posesiona el 7 de agosto?, cuestionan otros.

Sobre la mesa se encuentran ese par de inquietudes que cobran mayor trascendencia cuando surge el hecho de que el jefe de Estado determinó la reasignación de cuatro  billones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, para que disponga lo necesario para enfrentar las emergencias que pudieran presentarse en el territorio nacional.

 Ahí tienen una tarea inmediata la Contraloría General de la República y la Procuraduría para determinar la contratación acelerada que pudiera llegar a presentarse, por ejemplo en el punto relativo con el reforzamiento de la instalación de paneles solares.

Habrá que esperarse la reacción de los miembros del gobierno entrante sobre este tipo de determinaciones, que se supondría debieran ser concertadas e informadas con quienes asumirán en breve para que exista una acertada coordinación.

Y mientras esto ocurre, se conocieron las  advertencias surgidas desde el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico sobre  la existencia de 140 municipios en alto riesgo de sequía como consecuencia del fenómeno de El Niño.

¿Dejaron adecuadamente enterado de ello a la nueva administración? 
También se indicó que 500 municipios presentan un alto riesgo de afectaciones catastróficas especialmente en el departamento de La Guajira y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

¿Por qué hasta ahora y no antes se empezaron a tomar las medidas y previsiones necesarias para alistar al país ante esa emergencia climática?
Y lo más particular, es que todo se hace en medio de la gran pérdida de credibilidad de la UNGRD que se convirtió en uno de los mayores focos de corrupción a lo largo del mandato de Petro.

Por ese motivo,  el control debe ser muy estricto y el seguimiento riguroso para conjurar  que en medio de estas aceleradas determinaciones de última hora de un gobierno con el sol a las espaldas puedan ocurrir situaciones que pongan en riesgo los recursos públicos.

Tendrá ahí un arduo trabajo el geólogo David Santiago Tamayo, director designado para la entidad por el electo presidente De la Espriella, quien deberá ponerle la lupa a lo que se haya dejado contratado y comprometido en este momento para las medidas y acciones que se requieran desarrollar para mitigar los impactos de El Niño.

Pudiéramos decir que tendría una doble emergencia que afrontar. Lo mejor hubiera sido permitirle a la administración entrante que trazara las acciones y dispusiera los recursos presupuestales requeridos, y así evitarle más inconvenientes al país con el manejo que se le ha dado a la UNGRD.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion