Ciudad de México, Tokio (Japón), Los Ángeles, Lima, Bogotá, Manizales, entre otras ciudades en el mundo y Colombia cuentan con diagnósticos, mapas y planes dentro del proceso de microzonificación sísmica y análisis profundos de los suelos para su desarrollo urbanístico teniendo en cuenta los efectos ante las amenazas de terremotos.

Por ejemplo, Los Ángeles, que está expuesta a una red compleja de fallas activas (como San Andrés y San Jacinto), analiza riesgos específicos en cuanto a fallas, licuefacción y deslizamientos.

Manizales se destaca por tener un muy completo diagnóstico de esa naturaleza en un inmenso contraste con Cúcuta, que todavía sigue hablando de la necesidad de hacerlo para determinar las áreas que podrían tener mayores riesgos y saber, por ejemplo, si en determinado lugar se puede construir o hay restricciones para algún tipo de obras según la altura, por mencionar solo un aspecto.

Eso no lo sabemos, pese a que la ciudad tiene el antecedente de haber sido destruida en 1875 por un movimiento telúrico y a sabiendas de estar cruzada por fallas geológicas que elevan el riesgo.

Ahora que estamos a las puertas del primer mes del doblete sísmico se conocieron algunos detalles que deben mover a las autoridades locales a pisar el acelerador en tan delicado asunto.

De acuerdo con lo señalado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Colombia se localiza dentro de una de las zonas sísmicas más activas de la Tierra, puesto que en la región convergen las placas tectónicas de Nazca y del Caribe contra la placa Suramericana.

Y como si fuera poco, mapas del Servicio Geológico Colombiano muestran a la región Pacífica, el Eje Cafetero y varios sectores de la Cordillera Oriental, como las de más alto riesgo sísmico en el país.

Para comprobar que la urgencia está tocando a la puerta para que alguien ponga en marcha el tan demorado análisis técnico, ahí aparecen Cúcuta y Norte de Santander, al lado de Bucaramanga, Pasto, Armenia, Cali, Popayán, Cauca, Valle y Chocó, entre otros.

Por lo tanto, $22.000 millones, que es el cálculo del valor de esta inversión -que debe considerarse así y no como un gasto más- no son nada a la hora de conocer valiosos datos que posteriormente hay que trasladarlos a manera de ajustes en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Entre los efectos de no contar con una microzonificación surge el hecho de evaluar a la ciudad bajo un criterio general que, “por razones de seguridad, la clasifica como una zona de amenaza sísmica alta y exige los máximos estándares de diseño estructural sismorresistente”, según detalla el presidente de Camacol, Abraham Ararat Mafla.

Veinticinco años sin conocer detalles relativos a la sismicidad tienen que llegar a su fin porque un ordenado desarrollo y crecimiento urbanístico tienen que contar con esa indispensable herramienta para seguir trazando la ciudad y fortalecer, con urgencia, las instituciones y acciones de gestión de riesgo.

Aunque los temblores no se predicen, sí hay opciones científicas y técnicas para salvar la vida, las normas de sismorresistencia, al igual que la caracterización de las zonas con las respectivas normas para construir.

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