La compleja situación de inseguridad en Norte de Santander y Cúcuta hizo que la región fuera puesta dentro de las  urgencias de la Organización de Naciones Unidas, que en una declaración se refirió ante el mundo sobre la necesidad de superar esta crisis que afecta la tranquilidad ciudadana.

La división de derechos humanos se pronunció frente a la oleada de violencia que se viene registrando con una tendencia creciente en el departamento fronterizo con Venezuela.

Habrá que esperarse los resultados que empiece a arrojar el plan para enfrentar la violencia por parte del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, con los componentes Esparta para el sector del Catatumbo y del Bloque de Seguridad Urbana en la capital nortesantandereana y el área metropolitana.

Aparte de eso, lo cierto es que la población civil ha venido llevando la peor parte en este conflicto que se ha resignificado con la entrada en operación de escuadrones de drones explosivos por parte del Eln y el frente 33 de la disidencia de las Farc, en la guerra que libran por el control territorial y de las economías ilegales en el territorio catatumbero.

Ese accionar los afecta con la caída de las bombas sobre las viviendas y al ser hostigados son llevados o al confinamiento forzado o al desarraigo para escapar de los riesgos y de las amenazas lanzadas en contra de las poblaciones.

Entre los territorios más golpeados por el desplazamiento en Colombia aparece Norte de Santander, con 4.364 personas afectadas, una cifra que lo ubica en el segundo lugar del registro presentado por la Defensoría del Pueblo y evidencia la persistencia de las dificultades de seguridad y protección de la población civil en esta zona del nororiente colombiano.

Cuando el departamento no es primero, es segundo, lo cual nos muestra las dimensiones de la crisis humanitaria que se está registrando como producto del escalamiento del conflicto armado.

Está fresco el recuerdo de uno de los peores momentos, como fue a comienzos del enfrentamiento entre los grupos armados en el Catatumbo, que generó uno de los desplazamientos más grandes de la historia.

Y, en medio de eso, los liderazgos sociales, de defensa de los derechos humanos, comunales, ambientales, entre otros, quedan en condiciones de alto riesgo como también se ha probado, porque dentro del proceso de rompimiento del tejido social, ellos son el primer objetivo de los violentos.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el país se han registrado 133 asesinatos de líderes, dato que debe  llevar a un planteamiento encaminado a defender la vida y la integridad de quienes deciden asumir esta clase en favor de comunidades y grupos sociales.

No puede ser que estos hechos pasen a convertirse en parte del paisaje, porque los violentos y los enemigos de la convivencia pacífica pueden tender a interpretarlo como si fuera una pérdida de respaldo que los deja en un alto nivel de indefensión.

Es válida la preocupación de la ONU derechos humanos por el escalamiento de la  violencia urbana y lo que ha generado como son homicidios, feminicidios, masacres, extorsiones, ataques terroristas y hasta reclutamiento forzado y amenazas generalizadas contra personas defensoras de derechos humanos y ataques indiscriminados.

Es bueno tener en cuenta el llamado de la organización multilateral a las autoridades para tomar las medidas que permitan contener y disuadir esta ola de violencia, y que incluyan el desmantelamiento sostenible de los grupos y organizaciones que la generan y a atacar las causas estructurales que facilitan su presencia y actuación.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion