La urbanización del conflicto armado en el área metropolitana de Cúcuta nos dejó otro dantesco cuadro de muerte, destrucción, miedo y desasosiego en medio de una inseguridad descontrolada. Pero en esta ocasión el Estado, en la figura del presidente Abelardo de la Espriella, envió un primer mensaje de presencia inmediata en la región.

Lo hizo, marcando diferencia del anterior gobierno, cuando en situaciones similares el jefe del Ejecutivo ni siquiera trinaba. Y aunque no lo creamos, dicha posición resultaba generando la sensación de una indiferencia absoluta en los territorios, mientras los violentos se fortalecían.

Surge la esperanza en Norte de Santander de que haya un cambio real para ponerle fin a esa percepción de ausencia del Estado, gracias a situaciones como que el presidente iniciara los empalmes aquí, llegara después del atentado y anunciara que volverá en breve para determinar el avance de las acciones contra los factores generadores de violencia. 

Ya que el presidente está pendiente de lo ocurrido, resulta urgente que se resuelva ¿por qué después de que las instalaciones del comando de Policía Norte de Santander, en Cúcuta, fue objeto de ataque con cilindros bomba, a qué se debe que la situación se repita pocas semanas después?

¿Y si el Eln  es el atacante, cuáles son las operaciones dispuestas para impedir que tenga una movilidad tan fácil para planear y lanzar sus acciones contra la Fuerza Pública y la población en el área metropolitana?

La ciudadanía merece respuestas y necesita ver acciones concretas,  porque no es de ahora sino de tiempo atrás que esta zona de la frontera con Venezuela registra hechos violentos, los cuales han tenido un recrudecimiento tanto por la guerra en el Catatumbo, como  por efectos de la fallida política de ‘Paz Total’, que terminó potenciando a esas estructuras ilegales que crecieron en número de integrantes, de armamento y  control territorial.

Incluso, hay un documento que en estos momentos cobra vigencia. Su fecha es del 31 de diciembre de 2024, en el que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana 027 sobre el área metropolitana.

En esa advertencia  que cubre a Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Los Patios, la Defensoría expuso 39 recomendaciones para, entre otras cosas, abordar las causas estructurales que alimentan la crisis que se padece en esta parte del país.

¿Fueron atendidos dichos planteamientos? Esa duda la responden la sucesión de atentados ocurridos que ocurrieron meses después de que el organismo de derechos humanos reclamara que se hiciera algo para evitar la explosiva escalada que se desató desde 2025.

Esta urbanización del conflicto es producto, precisamente, por el desbordamiento de la guerra del Catatumbo tanto para un enlace con esta parte de la frontera con un Eln que tiene características binacionales, al igual que para extender su poder sobre las localidades metropolitanas con miras al control social y de las economías ilegales.

La propia Defensoría del Pueblo observó que “el Eln ha consolidado su presencia en las zonas rurales de Cúcuta y Puerto Santander, mientras que el Ejército Gaitanista de Colombia ha extendido su actuar criminal hacia áreas urbanas, generando temor y desestabilización social”. 

Frente a lo ocurrido en la noche del 31 de agosto,  merece todo el repudio este vil ataque, atribuido al frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del Ejército de Liberación Nacional, que dejó el saldo trágico de un muerto y quince heridos, entre ellos siete  miembros de la Policía que se encontraban en la estación.