La recta final de la campaña presidencial dejó de librarse en la plaza pública y se trasladó a los estrados. En apenas cinco días, contra el candidato Abelardo de la Espriella fallaron dos tutelas, se conoció una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) y circuló una carta de exmagistrados que cuestiona su candidatura. El mismo abogado, por su parte, le pidió a Estados Unidos quitarles la visa a 29 políticos que, según él, compran votos para su rival.
Ese rival es el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico y respaldado por el presidente, Gustavo Petro. Los dos llegaron a la segunda vuelta del 21 de junio luego de que ninguno alcanzara la mitad de los votos el 31 de mayo. De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado, con 10,3 millones de sufragios; Cepeda quedó segundo, con 9,7 millones.
La seguidilla de acciones tiene un nombre en el debate jurídico: la judicialización de la política, o lawfare. Dos juristas consultados por Colprensa advierten que el fenómeno se desbordó en esta campaña. También explican por qué estas denuncias casi nunca terminan en una condena.
La guerra por los símbolos
La pelea jurídica más visible empezó por la camiseta de la Selección Colombia. El ciudadano Wilmar Bocanegra presentó una tutela porque De la Espriella y su movimiento usaban la prenda en actos de campaña, lo que, a su juicio, asociaba un símbolo de todos con una sola candidatura. Un juzgado le dio la razón de forma provisional y prohibió el uso.
La medida no duró. El 11 de junio, la jueza María Isabel Ferrer Rodríguez, del Juzgado 62 de Conocimiento de Bogotá, revocó la prohibición tras una segunda tutela, esta presentada por el ciudadano Juan Carlos Núñez. La funcionaria calificó la primera orden de "anfibológica" y "desproporcional" y señaló que no explicaba cómo el uso de la camiseta vulneraba derechos.
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El segundo asalto fue por la bandera. El martes, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a De la Espriella y a su fórmula, José Manuel Restrepo, retirar de su propaganda la bandera, el escudo y las expresiones "firmes por la Patria" y "defensores de la Patria".
El magistrado Rafael Chavarro Poveda sostuvo que atar una candidatura a los emblemas patrios podría hacer creer que quien no la respalda actúa contra los intereses del país. De la Espriella anunció que no acataría la decisión y que se defendería por la vía jurídica.
La orden tampoco se sostuvo. Este viernes, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia suspendió la medida del Tribunal y le permitió a De la Espriella seguir usando la bandera, los colores nacionales y sus consignas mientras estudia el fondo. Dos magistrados, en despachos separados y el mismo día, fallaron en el mismo sentido.
Una de las providencias fue de fondo. La magistrada Marjorie Zúñiga Romero recordó que calificar el uso de símbolos patrios en campaña le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE), no a un juez de tutela, y que esa autoridad ya había registrado la marca "Defensores de la Patria" en septiembre de 2025. Aun así, la Corte aclaró que la suspensión es provisional y que no decide si los símbolos se usaron de forma indebida.
Para Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, esas acciones rozan el absurdo. "Pensemos en estas tutelas que, por el uso del nombre, de la bandera, de lo que sea... eso es una barbaridad", dijo a Colprensa. A su juicio, "la judicialización de la política es bastante nociva para la administración de justicia".
Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), explicó por qué la tutela termina siendo el instrumento preferido. "La tutela es un mecanismo flexible y es proclive a esa fácil utilización", dijo. Y agregó que el impulso para presentarlas en plena campaña "está auspiciado en ocasiones por partidos políticos o por dirigentes".
El CPI y la guerra de las visas
La escalada subió de tono el 11 de junio. Cepeda anunció que denunciaría a De la Espriella ante la Fiscalía y ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos nexos con el paramilitarismo. Lo señaló de presunto enriquecimiento ilícito, financiación del terrorismo y concierto para delinquir agravado.
El senador centró la acusación en la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), que De la Espriella presidió a comienzos de los 2000. Según Cepeda, esa organización "fue financiada por las AUC, pero al mismo tiempo entregó recursos y financió a las AUC", en alusión a las Autodefensas Unidas de Colombia. Se apoyó en declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2024.
De la Espriella rechazó las acusaciones y las llamó "cortinas de humo". Recordó que la Fiscalía archivó en 2009 una investigación por hechos similares. El abogado creó Fipaz en 2004, en plena negociación del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, para —según ha dicho— ayudar a ese proceso.
Esa "cortina de humo", dijo De la Espriella, era la respuesta a una jugada suya. El 6 de junio le envió una carta al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en la que denunció una presunta "narco política": una supuesta alianza de Cepeda con grupos criminales que habrían producido "votaciones atípicas" en Cauca, Chocó y Nariño.
Dos días antes había ido más lejos. En una transmisión en vivo leyó una lista de 29 políticos —congresistas, dirigentes y mandatarios regionales— a quienes pidió quitarles la visa e incluso incluirlos en la Lista Clinton, el listado con el que Estados Unidos sanciona a presuntos vinculados con el narcotráfico. El subsecretario Landau respondió en X que su Gobierno seguía de cerca las acusaciones: "Por algo me dicen el 'quitavisas'".
La Silla Vacía revisó esos datos y matizó su peso. Encontró que, aunque en más de 300 mesas el voto por Cepeda llegó al 100 % en municipios con presencia de grupos armados, se trata de una votación marginal: el 0,3 % del total. Ese porcentaje, concluyó el medio, solo sería relevante en una segunda vuelta muy cerrada.
Los llamados a la CPI no son nuevos en el actual ciclo político. El exministro de Justicia Wilson Ruiz denunció al presidente Petro ante ese tribunal en junio de 2025 por presuntos crímenes de lesa humanidad. El propio Petro denunció ante la CPI al jefe disidente alias "Iván Mordisco" y, en abril de 2026, anunció que la Corte había admitido esa denuncia.
El intento de suspender a Petro
El capítulo más curioso no tocó a los candidatos, sino al presidente. El 10 de junio, la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, ordenó la "suspensión provisional" de Petro hasta el cierre de las urnas del 21 de junio. Lo investigaba por su presunta participación en política, luego de que el mandatario anunciara que se pondría "al frente" de la campaña de Cepeda.
La decisión sorprendió por dos razones. Arizabaleta milita en el Pacto Histórico, el mismo partido de Petro. Y, según la Constitución, un presidente solo puede ser suspendido por el Senado, no por esa comisión.
La orden se deshizo en horas. La propia Arizabaleta se retractó y dejó la decisión en manos de la comisión en pleno. La Procuraduría General de la Nación la suspendió de su cargo al concluir que habría incurrido en un presunto prevaricato, y el exministro Luis Felipe Henao la denunció penalmente ante la Corte Suprema.
El 11 de junio, investigadores de la Corte Suprema inspeccionaron su despacho para recoger pruebas. El caso quedó a cargo del magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos. El representante Leonardo Gallego renunció a la Comisión de Acusación tras la polémica.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aportó un dato para dimensionar el caso. Recordó que Petro acumula numerosos procesos abiertos en esa comisión por presunta participación en política. "Si son más de 100 procesos, no veo cómo puede ser una estrategia política", dijo, citada por El Tiempo.
Por qué casi nunca pasa nada
Detrás de la mayoría de estas denuncias, según Bernate, hay un cálculo político más que jurídico. "En estas denuncias que se ponen en estas épocas, la verdad, rara vez terminan en algo, rara vez avanzan en algo", explicó. "Simplemente se pretende generar un hecho político (...), lo que le da a una comunidad la idea de que alguien es un delincuente."
Inventar una denuncia sí es un delito, aclaró. Quien presenta una acusación falsa puede responder penalmente por falsa denuncia contra persona determinada y, además, enfrentar una sanción disciplinaria. El problema, dijo, es que sus autores "son muy hábiles en las palabras (...) para impedir que pueda haber algún tipo de responsabilidad".
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Bernate fue enfático en que su gremio no es el llamado a castigarlos. "El Colegio de Abogados realmente no hace nada porque eso escapa a su competencia", afirmó. "Somos una agremiación que (...) lucha por los derechos de los litigantes y, precisamente, no para sancionarlos."
Para él, frenar el lawfare penal no exige cambiar las leyes. Basta con que la Fiscalía sea firme. "Tiene la facultad de rechazar las denuncias, que muy pocas veces utiliza, y creo que ese sería el mejor camino", sostuvo.
Las decisiones que sí pegaron
No todas las acciones judiciales de la campaña se quedaron en el ruido. Algunas produjeron efectos concretos: multas, suspensiones y vetos a candidaturas. La diferencia es que no salieron de jueces de tutela, sino de organismos electorales y de control.
El caso más sonado fue la sanción a la campaña Petro Presidente 2022. El 29 de abril de 2026, el CNE ratificó en firme una multa por exceder los topes de gasto y por recibir financiación prohibida en las dos vueltas de esa elección, con una votación de 6 a 3. La sanción económica supera los 5.900 millones de pesos.
La decisión salpicó a figuras de primer nivel del Gobierno. Fueron sancionados de forma solidaria el gerente de esa campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, junto con la tesorera Lucy Aydee Mogollón y la auditora María Lucy Soto; el CNE además compulsó copias a la Fiscalía. Petro calificó el proceso de "golpe de Estado".
El CNE también pesó sobre las candidaturas de izquierda. En febrero de 2026, el organismo declaró a Iván Cepeda inhabilitado para participar en una consulta interpartidista, por haber participado antes en la del Pacto Histórico. Por esa decisión, Cepeda terminó inscribiéndose directamente a la primera vuelta.
Con Daniel Quintero, el mismo CNE tomó el camino opuesto. Habilitó al exalcalde de Medellín para esa consulta, pese a que la Registraduría había rechazado su inscripción. La ponencia favorable la firmaron magistrados señalados de ser cercanos al Pacto Histórico.
La Procuraduría General de la Nación, por su parte, suspendió en la recta final a varios funcionarios del Gobierno por presunta participación en política. Entre ellos, al embajador en Brasil Alfredo Saade, al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Carlos Carrillo —que luego renunció— y al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman. También suspendió al representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, por insultar a De la Espriella en una entrevista radial.
El costo: congestión y desconfianza
Herrera puso el foco en un costo menos visible. Cuando se interponen muchas acciones a la vez —sobre todo las constitucionales, que los jueces deben resolver con prioridad—, sube "un mayor nivel de ocupación de los jueces", dijo. Bernate lo aterrizó: el ciudadano "termina afectado" cuando su caso —"le robaron el celular, le sacaron un crédito falso"— hace fila detrás de pleitos políticos.
El director de la CEJ marcó, además, una diferencia entre criticar un fallo y atacar al juez. Cuestionó que el presidente Petro, en vez de decir que no está de acuerdo con una sentencia, "la emprende contra los funcionarios judiciales calumniándolos y atribuyéndoles todo tipo de delitos". Eso, advirtió, "genera bastante desestabilidad en cuanto a la institucionalidad".
Su reflexión de fondo apunta a los políticos. La justicia, dijo Herrera, "es un servicio que debe ser articulado para el bienestar general" y nadie debería "desenfundarla como si fuera una especie de arma conveniente para atacar al oponente político". Les pidió tres cosas: respetar las decisiones judiciales, ejercer la política con prudencia y acatar los resultados electorales. "Los juzgados no son urnas de votación", resumió.
Herrera también rescató un contrapeso. La justicia electoral, que en el país ejerce la Sección Quinta del Consejo de Estado, ha tenido a su juicio "un comportamiento ejemplar": "un órgano serio, que ha actuado de manera mesurada, de manera responsable y con toda la solidez". Esa misma sala rechazó el 11 de junio una demanda que pedía anular la candidatura de De la Espriella por su triple nacionalidad: colombiana, italiana y estadounidense.
La Sección Quinta no entró al fondo del asunto. El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez explicó que la inscripción de una candidatura es un "acto de trámite" que no puede demandarse por separado, sino junto con la declaratoria de elección. Así, el debate sobre las nacionalidades del abogado sigue abierto. No era la primera objeción a su aspiración: en mayo, el CNE ya la había dejado en firme tras una queja por presuntas irregularidades en la recolección de firmas.
A nueve días de la segunda vuelta, las denuncias cruzadas siguen acumulándose en despachos judiciales de Colombia y del exterior. Mientras fiscales, magistrados y organismos electorales estudian expedientes que tardarán meses o años en resolverse, los candidatos se juegan su futuro en cuestión de días. La campaña presidencial de 2026 se decidirá en las urnas, pero buena parte de la batalla ya se está librando en los estrados.
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