Valiéndose de la inocencia de su hija de ocho años, a quien además maltrataban, y con el propósito de evadir los controles de las autoridades, una pareja la utilizaba para entregar drogas en Ocaña. Los capturados fueron identificados como José Pineda y Mónica Angarita.

Las investigaciones adelantadas durante un mes por el Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor) permitieron establecer que el hombre y la mujer convirtieron a la menor en una ‘mula’, encargándola de transportar pequeñas cantidades de estupefacientes en los sectores de Los Seguros, Puente La Sal y el barrio Marabelito.

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Como resultado de las pesquisas, y mediante una orden de allanamiento emitida por un juez, los uniformados registraron la vivienda ubicada en Marabelito, lugar al que los compradores llegaban en busca de alucinógenos y donde la niña era obligada a recibir el dinero de las ventas.

En el operativo fueron capturados los esposos, quienes eran requeridos mediante órdenes judiciales por los delitos de uso de menores de edad para la comisión de delitos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles y violencia intrafamiliar agravada.

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Las averiguaciones del Denor también permitieron establecer que, en ese inmueble, la menor era víctima de constantes agresiones físicas y verbales. Tras el procedimiento, quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La entidad determinó, además, que la niña tenía vulnerado su derecho a la salud, ya que desde hacía más de un año no recibía controles médicos, pese a haber nacido con un solo riñón y requerir cuidados especiales, los cuales no eran garantizados por sus padres.

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Las autoridades informaron que José Pineda registra antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. Durante el allanamiento también fue incautada una motocicleta Suzuki azul, de placas JXQ-02B, que presuntamente era utilizada para las actividades de microtráfico.

Los capturados y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanza el proceso judicial que definirá su situación jurídica.

Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo las acciones de vigilancia y control para proteger a los niños, niñas y adolescentes de Norte de Santander, y evitar que sean instrumentalizados para la comisión de delitos.

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