Ayer, el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, expuso en la capital nortesantandereana el lanzamiento de su Estrategia Territorializada contra el Crimen Organizado (ETCO) que tiene como finalidad reducir las actividades relacionadas con narcotráfico, economías criminales y delitos que afectan la seguridad de los habitantes.
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La estrategia está liderada por el gobierno nacional junto con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC), ayer capacitó a 100 funcionarios de la rama judicial en habilidades de investigación contra el crimen organizado.
“Quisimos lanzar la estrategia en este departamento porque es uno de los más afectados con la producción de cultivos ilícitos, el 13,5% de estos cultivos a nivel nacional son producidos por Tibú y corresponden al 48% a nivel departamental, por lo que es una voz de alarma muy alta”, expresó el ministro Ruiz.
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Por su parte Pierre Lapaque, Director de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur explicó que, el objetivo de ETCO “está centrado en fortalecer las capacidades de las entidades del sector justicia en materia de investigación, judicialización, juzgamiento y sanción penal efectiva de actores y dinámicas estratégicas de las organizaciones criminales, relacionadas con las drogas ilícitas, así como las demás rentas y delitos que se relacionan con este fenómeno”.
Lo más relevante de la estrategia será el aumento de de la presencia y disponibilidad de la rama judicial donde existan juzgados, Medicina Legal y despachos fiscales especiales. Así mismo, aseguraron que a mediano plazo se generarán 5 cupos de alta seguridad para la ejecución de penas en el departamento.
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Catatumbo fue la región escogida para hacer el plan piloto de un programa llamado ‘Ciudadelas Judiciales’, que hacen parte de la estrategia y buscan la presencia permanente de los funcionarios de justicia que luchan contra el crimen organizado.
El programa vendrá con la implementación de laboratorios, espacios para almacenar material probatorio, despachos, casas fiscales y cupos para detención preventiva.
Además de Norte de Santander, se espera que la estrategia se expanda a los departamentos más afectados por esta problemática: Arauca, Chocó, Guaviare, Antioquía y Nariño.
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