El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre que no volverá a haber elecciones en el país centroamericano "deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria" y ha instado a la comunidad internacional a actuar.
"La declaración de Daniel Ortega de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca más celebrará elecciones deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria. Daniel Ortega y Rosario Murillo (su esposa, la copresidenta) han abandonado incluso la apariencia de la aprobación popular", ha criticado en un duro comunicado.
Rubio ha señalado que "el pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas". "Estados Unidos pide a la comunidad internacional que se una para demostrar a la dictadura de Murillo-Ortega, que no puede pretender hacer negocio como de costumbre con otras naciones cuando está frustrando los principios básicos de nuestro hemisferio democrático", ha zanjado.
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El presidente Ortega afirmó en la víspera que no volverá a haber elecciones en el país --que gobierna desde 2007-- y acusó a la oposición de querer enriquecerse a costa del sector público, apuntando además a que impulsará leyes para consolidar su permanencia en el poder.
"Hay que hacer que las leyes les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias", dijo el también secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en alusión a la oposición, con motivo de un discurso por el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista.
El exguerrillero --que logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza y se instaló en el poder en 1979, siguiendo el ejemplo de la guerrilla cubana-- gobierna el país centroamericano desde que llegara por segunda vez al gobierno en 2007.
La oposición y diversas organizaciones civiles han denunciado una deriva antidemocrática en el país, agudizada tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos y se han visto seguidas de detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas y privación de nacionalidad, así como la cancelación de las actividades de numerosas ONG y universidades que fueron el foco de las manifestaciones antigubernamentales.
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