Los familiares de los presos políticos recluidos en las cárceles de Ramo Verde y El Rodeo I lanzaron una alerta pública ante el riesgo que enfrentan los internos tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.
Según denunciaron, los movimientos telúricos habrían causado daños en las estructuras de ambos centros de reclusión, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado sobre evaluaciones técnicas independientes ni sobre medidas para proteger a la población penitenciaria.
La advertencia fue formulada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, organización integrada por familiares y víctimas, que expresó preocupación por la posibilidad de nuevas réplicas y por las condiciones en las que permanecen los detenidos.
De acuerdo con reportes suministrados por allegados de los reclusos, en el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como Ramo Verde, se registraron afectaciones estructurales en el quinto piso de la edificación. Ante el temor de nuevos movimientos sísmicos y posibles desprendimientos, los internos estarían pasando las noches en las canchas descubiertas del penal.
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Los familiares aseguran que la contingencia ha generado necesidades adicionales de colchonetas, carpas, alimentos y otros insumos básicos. Aunque los detenidos cuentan con espacios para preparar alimentos, afirman que evitan ingresar a algunas áreas debido al deterioro de las instalaciones.
También en penal de El Rodeo
La situación también preocupa en El Rodeo I, donde los allegados denuncian que los sismos agravaron las deficiencias existentes en un establecimiento que ya enfrentaba cuestionamientos por sus condiciones de reclusión.
Según el Comité, los presos permanecen en celdas con infraestructura precaria y, pese a haber solicitado ser trasladados temporalmente a zonas abiertas por razones de seguridad, las autoridades no han autorizado esa medida. Los familiares sostienen que los internos consideran que las canchas representan un lugar más seguro ante la posibilidad de nuevas réplicas.
Otra de las denuncias apunta a la actuación de los custodios durante la emergencia. De acuerdo con los testimonios recopilados por la organización, funcionarios encargados de la vigilancia habrían abandonado las instalaciones durante los sismos, dejando a los reclusos encerrados sin posibilidad de evacuar.
A la preocupación por el estado de las edificaciones se suman las restricciones para la comunicación con las familias. Los allegados señalan que las visitas continúan limitadas a breves encuentros a través de un vidrio y que la información oficial sobre el estado de salud y las condiciones de los detenidos ha sido escasa.
Piden explicaciones
Madres y familiares que permanecen en las afueras de los centros penitenciarios afirmaron haber solicitado explicaciones a funcionarios del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (SESMA), quienes, según relataron, se limitaron a indicar que la situación estaba bajo control sin presentar informes técnicos sobre los daños ocasionados por los terremotos.
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El Comité también denunció presuntas dificultades en la coordinación interna entre organismos de seguridad con presencia en los penales, situación que, a su juicio, ha retrasado la adopción de decisiones frente a la emergencia.
Ante este panorama, la organización exigió la realización inmediata de inspecciones técnicas independientes en Ramo Verde y El Rodeo I para determinar el alcance de los daños estructurales y establecer medidas de protección para los reclusos. Asimismo, solicitó el ingreso de ayuda humanitaria, el mejoramiento de las condiciones de reclusión y la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para verificar la situación en ambos centros penitenciarios.
Los familiares insistieron en que la prioridad es garantizar la integridad física de los detenidos frente a una eventual nueva emergencia sísmica y evitar que el deterioro de las instalaciones derive en una tragedia dentro de los establecimientos carcelarios.
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